La organización ecologista Greenpeace ratificó su postura frente a los tribunales tras la audiencia de apelación concedida a los doce voluntarios procesados por manifestarse en las escalinatas del Congreso Nacional durante el debate legislativo de la Ley de Glaciares. Los activistas fueron imputados bajo los cargos de desobediencia y violación de domicilio, decisión que desde la entidad califican como un intento de amedrentar el derecho ciudadano a la protesta. Defendiendo el carácter pacífico de la intervención pública realizada en las inmediaciones del palacio legislativo, el director de la entidad Diego Salas remarcó: "Los chicos no cometieron ningún delito, solo ejercieron su legítimo derecho ciudadano a la protesta de manera pacífica y responsable".
Desde la conducción del movimiento ambientalista advirtieron que la justicia actúa con celeridad para imputar a los manifestantes mientras mantiene en suspenso las demandas que cuestionan la validez constitucional de las modificaciones normativas sobre las reservas hídricas estratégicas. La entidad sostiene que los cambios impulsados sobre el régimen de protección de bosques y áreas periglaciares obedecen principalmente a la presión ejercida por sectores corporativos extractivos. Denunciando la asimetría del accionar judicial frente al reclamo popular y la prioridad otorgada a los negocios privados, el referente social enfatizó: "¿Cómo puede ser que sea mucho más expeditiva la justicia ante doce activistas que se manifestaron pacíficamente versus a una modificación inconstitucional de una ley que protege el agua?".
El referente ambiental subrayó el valor crucial que poseen los más de 16.000 glaciares inventariados a lo largo de la cordillera argentina en tanto reguladores térmicos globales e indispensables reservas de agua dulce para las próximas décadas. Asimismo, la entidad extendió su rechazo hacia cualquier tipo de expansión de la frontera petrolera sobre la plataforma marina, rechazando proyectos hidrocarburíferos en la cuenca del Atlántico Sur sin distinción de soberanía. Reafirmando el compromiso ético intergeneracional y la urgencia de frenar el deterioro de los ecosistemas locales, el dirigente ecologista aseveró: "No tenemos en ningún derecho a dejarle a las futuras generaciones un planeta peor que el que recibimos; para eso hay que conservar las leyes de protección ambiental".
De cara a los próximos pasos institucionales, la entidad aguarda que la Cámara revise los procesamientos y resuelva favorablemente las garantías de los activistas, apoyándose en el sostén financiero y moral que brindan miles de aportantes independientes. Mientras el expediente judicial avanza, las campañas de visibilización continuarán activas en todo el territorio nacional con el objetivo de evitar cualquier afectación destructiva sobre las fuentes de agua dulce. Anticipando la firmeza de la agenda ecologista para resguardar los glaciares y la soberanía ambiental, el referente institucional concluyó: "Seguiremos insistiendo y dándole voz a esta causa para que no nos olvidemos que esta ley fue modificada a los efectos de beneficiar a ciertos intereses económicos"
