La tensión institucional entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Tribunal de Faltas escaló en las últimas horas, luego de que la intendenta Rossana Chahla endureciera sus cuestionamientos hacia el funcionamiento del organismo. La jefa comunal afirmó públicamente que los magistrados “trabajan cuatro horas por día” y que su principal demanda se ha limitado a exigir incrementos en sus haberes.

Este cruce se enmarca en una auditoría interna ordenada por el municipio, cuyas conclusiones revelaron que el 83,8% de las causas ingresadas durante el año 2024 seguían sin resolución. Sin embargo, las cifras y la metodología del informe fueron categóricamente rechazadas por las autoridades del tribunal.

Defensas y reclamos cruzados

Por su parte, el presidente del Tribunal de Faltas, Fabián Lizondo Ruiz, salió al cruce y aseguró que los juzgados jamás fueron notificados formalmente de la auditoría. Asimismo, justificó el estado de las causas apuntando a problemas estructurales crónicos:

Utilización de sistemas informáticos obsoletos.

Falta de personal y equipamiento insuficiente.

Recepción constante de actas de infracción con errores de los inspectores municipales, lo que frecuentemente deriva en la nulidad de las actuaciones.

En el plano salarial, el conflicto también sumó rispideces judiciales. Tres de los jueces acudieron a la Justicia para constatar si el Ejecutivo municipal cumple efectivamente con la equiparación salarial con los secretarios municipales reconocida en 2024.

El conflicto por los traslados y la intervención judicial

La disputa política e institucional también incluye la polémica decisión de Chahla de reubicar a jueces de faltas en otras áreas municipales, como Tránsito y Catastro. Mientras la intendenta defiende la medida bajo el argumento de querer agilizar los trámites administrativos, la fiscal de Cámara, Juana Inés Hael, emitió un dictamen en el que recomendó anular la reorganización por considerar que dicha atribución recae exclusivamente sobre el Concejo Deliberante.

Si bien este dictamen no constituye una sentencia definitiva, mantiene la controversia abierta a la espera de un fallo judicial que ponga fin a la pulseada entre el Palacio 9 de Julio y los estrados de faltas.