La jugada legislativa trunca, al menos por el momento, el debate inmediato sobre la crisis institucional desatada en el sur tucumano tras una serie de episodios violentos y causas judiciales abiertas en el distrito.

El rechazo a la reserva y el pase a comisiones

Durante el inicio de la sesión, el parlamentario opositor José Macome intentó aplicar la figura de «reserva en secretaría» para garantizar la incorporación directa del expediente 350-PL-26 en el orden del día de la próxima reunión de cámara.

No obstante, la conducción oficialista abortó la maniobra. El presidente del bloque del Partido Justicialista, Roque Tobías Álvarez, argumentó que una medida de extrema gravedad institucional como la intervención de un municipio debe cumplir indefectiblemente con el circuito parlamentario ordinario. De esta manera, la iniciativa fue girada formalmente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo de Carolina Vargas Aignasse, supeditando su tratamiento a los tiempos técnicos de debate de los asesores y legisladores.

Los fundamentos de la oposición: violencia institucional y causas judiciales

El pedido de intervención, respaldado por diez legisladores opositores, invocaba el artículo 139 de la Constitución Provincial bajo el argumento de que en Graneros se registra un «grave desorden institucional». Los fundamentos del expediente se estructuraron sobre dos ejes principales:

    Violencia en el territorio: Los graves incidentes sufridos recientemente por la comitiva que acompañaba al diputado nacional Gerardo Huesen en la ciudad.

    Foco judicial: Las investigaciones penales que pesan sobre la intendente Raquel Graneros por presunto enriquecimiento ilícito.

Frente a la embestida en el recinto, desde el Ejecutivo municipal rechazaron de plano los señalamientos, desmintiendo cualquier vinculación con agresiones físicas o irregularidades contables. Con el expediente ya radicado en comisiones, el conflicto institucional continuará su trámite bajo el análisis formal del oficialismo legislativo.