El máximo tribunal argumentó que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) carecía de legitimación para impulsar la demanda, desatando una fuerte reacción en el arco opositor, que volvió a presionar a la Cámara de Diputados para tratar y rechazar de manera definitiva el decreto presidencial.

La resolución judicial no convalidó la constitucionalidad de fondo de la norma, pero en los hechos mantiene operativo el decreto que eliminó las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Qué resolvió la Corte: cuestiones formales y vigencia de la derogación

El eje central del fallo del máximo tribunal se basó en el análisis de la legitimación procesal de los demandantes.

    Falta de legitimación: La Corte consideró que el CECIM La Plata no contaba con los recaudos legales necesarios para accionar contra la medida, determinando que no se configuraba un «caso o controversia» judicial que habilitara un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.

    Efecto práctico: Al revocar el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la desregulación, continúa vigente la derogación de la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

    Acotamiento técnico: El tribunal aclaró expresamente que la decisión no constituye un aval constitucional al artículo 154 del DNU, sino un rechazo de la acción por vicios en la habilitación de la instancia judicial.

Cruzada opositora: críticas al máximo tribunal y presión sobre la Cámara baja

La decisión judicial renovó inmediatamente la disputa política en torno a la validez de los DNU del Gobierno nacional. Legisladores de distintos bloques opositores cuestionaron el fallo y centraron sus reclamos en la inacción del Congreso.

    Reclamo parlamentario: Referentes de Unión por la Patria y de la izquierda insistieron en que la Cámara de Diputados debe sesionar de urgencia para completar el trámite legislativo y rechazar formalmente el DNU 70/2023, recordando que el Senado ya había votado su rechazo el 14 de marzo de 2024.

    Voces críticas: Dirigentes como Juliana di Tullio, Martín Soria, Myriam Bregman y Esteban Paulón expresaron su rechazo a la resolución de los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtiendo sobre el impacto que la flexibilización de la tenencia territorial genera en materia de soberanía y recursos estratégicos.

Con el escenario judicial momentáneamente cerrado por cuestiones formales, el centro de gravedad del conflicto se desplaza nuevamente hacia el Parlamento, donde el bloque opositor busca sumar los consensos necesarios para frenar definitivamente los efectos del decreto.