La reglamentación de la ejecución de la pena para adolescentes encendió las alarmas de los organismos de derechos humanos en la provincia. Desde Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) expresaron su profunda preocupación institucional, al advertir que el nuevo marco legal intensifica el accionar de las fuerzas de seguridad en los barrios más vulnerables del territorio tucumano. "La combinación de cómo se gestiona la seguridad en Tucumán con la baja de la edad mínima es una preocupación", señaló Vallino,
Uno de los ejes más controvertidos del cuerpo normativo radica en la asignación de espacios de detención para las personas menores de edad. La organización civil rechazó de forma categórica que se intente homologar la infraestructura penitenciaria de adultos con centros especializados para menores. Para Vallino, adaptar unidades carcelarias convencionales vulnera los estándares internacionales de protección a la infancia y la adolescencia: "El complejo penitenciario de Benjamín Paz es para personas adultas; decir que es un instituto especializado es falso".
Asimismo, la abogada cuestionó la asignación de funciones de supervisión dentro del sistema de ejecución punitiva para los jóvenes involucrados. La norma delega en el Poder Judicial atribuciones que, según los colectivos de derechos humanos, corresponden al órgano administrativo de niñez. Esta superposición de roles institucionales genera dudas sobre la aplicación efectiva de las políticas públicas y los programas de contención social. Al respecto, la profesional afirmó que "quien tiene que coordinar la política en materia de niñez debe ser la Secretaría de Estado de Niñez y Familia" y no el Poder Judicial.
Respecto a la fundamentación del debate sobre la seguridad pública, la referente contrapuso las cifras oficiales con los discursos punitivos imperantes. Los relevamientos estadísticos demuestran que la participación juvenil en hechos delictivos resulta marcadamente marginal dentro del universo total. "Del 100% de la criminalidad, solo el 2% responde a situaciones vinculadas a adolescentes en conflicto", explicó Vallino, quien además precisó que la gran mayoría de esos episodios corresponden a infracciones de carácter patrimonial y sin violencia extrema.
Por otro lado, la especialista vinculó la delincuencia juvenil con el deterioro de las condiciones socioeconómicas y la vulneración sistemática de derechos fundamentales. Las trayectorias de los adolescentes judicializados reflejan situaciones de pobreza estructural recurrente que el Estado no logra resolver a tiempo. Sin embargo, Vallino aclaró que estas carencias materiales no justifican la persecución policial desmedida ni la criminalización de la infancia vulnerable.
Desde ANDHES vienen trazando un pronóstico alarmante sobre el impacto cotidiano de la aplicación de la normativa que tuvo un tratamiento exprés en el Congreso. Advierten que correr hacia abajo los límites de responsabilidad penal expone a niños más pequeños a situaciones de abuso de poder y violencia institucional. "Quienes llegan al conflicto con la ley penal casi invariablemente están atravesados por múltiples vulneraciones. El pronóstico es la habilitación a la utilización de la violencia cada vez a más temprana edad", sentenció.
