La reciente resolución judicial que devolvió la vigencia a un artículo del DNU 70/23, que deroga la Ley de Tierras Rurales, reencendió el debate sobre la soberanía territorial. Desde Jóvenes por el Clima manifestaron una profunda inquietud ante el avance desregulador sobre los recursos hídricos y el suelo, y cuestionaron la anulación de los fallos que frenaban la modificación de la Ley de Tierras en el ámbito nacional.
La normativa derogada fijaba un tope para compra de extranjeros en funció de resguardar fuentes de agua dulce y áreas estratégicas. Desde el organismo sostienen que esa desregulación del mercado inmobiliario rural genera una seria vulnerabilidad en las cuencas y áreas de frontera del país. Al respecto, Cuello sostuvo de manera enfática: "Buscamos proteger tierras que se resguardan porque son cuerpos de agua permanentes como lagos, lagunas o ríos".
Por otra parte, la entidad ambientalista expuso la marcada concentración de tierras en manos de corporaciones internacionales en varias provincias. Diversos departamentos del Noroeste Argentino exhiben porcentajes de propiedad foránea que sobrepasan holgadamente los máximos establecidos por la ley ahora derogada. "Esta dinámica desarticula el desarrollo local y condiciona la autonomía de los gobiernos en la gestión de sus recursos.Tenemos departamentos donde más del cincuenta por ciento del suelo está en manos de capitales extranjeros", sostuvo el ambientalista.
Por otro lado, Cuello analizó la integración del paquete de reformas económicas y cuestionó el modelo primarizador impulsado por el Gobierno. En ese sentido, alertó que los incentivos tributarios extraordinarios (RIGI) no garantizan la transferencia tecnológica ni el progreso de las comunidades dueñas de los recursos. "No estamos hablando de un modelo que venga a industrializar, sino de una primarización que se parece mucho al viejo modelo colonial", subrayó.
Finalmente, el referente enfatizó la urgencia de reestablecer los controles estatales y los esquemas interjurisdiccionales de regulación. "La gestión de los bienes comunes interprovinciales no puede quedar sometida a la lógica de la rentabilidad privada. No es competencia de un privado regular la gestión de una cuenca, es competencia de un gobierno. Por eso instamos al Congreso que corrija esta aberración", sentenció Cuello.
