El operativo se mantuvo bajo un riguroso hermetismo para evitar interferir con la agenda institucional de la provincia y garantizar la tranquilidad de los estudiantes y docentes en los predios universitarios.
Cúpula de seguridad en alerta y el enigma de la fecha del ataque

La alerta se originó a partir de un correo electrónico intimidatorio que advertía sobre potenciales atentados en las dependencias de la casa de altos estudios. Frente a la gravedad del contenido, se llevó a cabo una reunión de urgencia de la que participaron el juez federal José Manuel Díaz Vélez, el fiscal federal Agustín Chit, el ministro de Seguridad de la Provincia, Eugenio Agüero Gamboa, y las máximas autoridades de la UNT.

Para evitar generar histeria colectiva o entorpecer eventos internacionales y cumbres que se desarrollaban en la provincia, se diagramó un esquema de prevención quirúrgico:

    Despliegue estratégico: Se apostaron efectivos uniformados en los accesos y agentes encubiertos de civil recorriendo los pasillos de las facultades.

    Actividad normal: Gracias al manejo sigiloso del protocolo, la vida universitaria y el dictado de clases transcurrieron sin alteraciones.

    La incongruencia temporal: El mensaje amenazante fijaba la ejecución de un presunto ataque para el jueves 24 de septiembre. A los investigadores les llamó fuertemente la atención que la fecha estipulada correspondiera a un día feriado en la provincia.

La pista del grupo «984 Mentalyl» y la intervención de Interpol

Las pericias informáticas realizadas por peritos de las fuerzas federales permitieron constatar que la intimidación en Tucumán comparte exactamente el mismo modus operandi registrado recientemente en otras universidades nacionales del país, como las de La Plata, Mendoza, Salta y Río Cuarto.

    Simbología y autoría: Los correos intimidatorios están firmados bajo el seudónimo «Asmodeus 984», adjudicados a una presunta facción denominada «984 Mentalyl», vinculada a redes de violencia digital que exhiben simbología de tinte neonazi y satánico.

    Causa federal y cibercrimen: Ante la gravedad del trasfondo y la posible conexión internacional, la Justicia federal abrió un expediente penal y ordenó el trabajo conjunto de la división de Cibercrimen de la Policía Federal junto a Interpol, con la misión fundamental de rastrear las direcciones IP y dar con los responsables de la maniobra extorsiva.