Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores después de meses de una crisis que terminó con la aerolínea completamente paralizada. La low cost lleva 57 días sin realizar un solo vuelo, redujo su flota de 13 a apenas tres aviones, atravesó cientos de despidos y retiros voluntarios y mantiene reclamos por salarios e indemnizaciones impagos. En paralelo, acumuló embargos, pedidos de quiebra y 27 cheques rechazados por más de $2.900 millones.

La presentación fue realizada por FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad que opera Flybondi, y quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°24, Secretaría N°47, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi. La compañía ya solicitó formalmente acogerse al concurso preventivo, aunque la Justicia todavía debe resolver su apertura.

El paso por los tribunales terminó por confirmar un escenario que desde hacía semanas se daba prácticamente por descontado dentro del sector aerocomercial. La posibilidad de que Flybondi recurriera al concurso había comenzado a tomar fuerza en agosto, cuando la compañía ya acumulaba salarios impagos, cientos de indemnizaciones pendientes, reclamos de proveedores y pedidos de quiebra. Hacia mediados de ese mes, la discusión ya pasaba por cuándo se concretaría la presentación y cuál sería la estrategia judicial elegida por la empresa.

La situación continuó deteriorándose y, durante septiembre, trascendió que la compañía avanzaba con los requisitos necesarios para formalizar el concurso. Finalmente, la presentación se concretó el viernes y este lunes quedó asignado el juzgado que deberá analizarla.

Dos meses sin vuelos y cientos de desvinculaciones

El último vuelo de Flybondi se realizó el 5 de agosto, cuando un avión de la compañía cubrió el trayecto entre Bariloche y Ezeiza. Desde entonces, la aerolínea no volvió a transportar pasajeros y este lunes acumulaba 57 días sin operar.

El parate estuvo acompañado por una fuerte reducción de la flota. De los 13 aviones que tenía, actualmente conserva tres aeronaves en el país, todas sin operar. Las otras diez fueron devueltas a sus propietarios, aunque algunas todavía permanecen en territorio argentino mientras se completa el proceso de redelivery. Su página web también volvió a quedar fuera de servicio.

La interrupción total de los vuelos fue el desenlace de varios meses de problemas operativos. Durante el primer semestre la compañía llegó a volar con apenas uno o dos aviones y acumuló cancelaciones de servicios. Para julio había realizado apenas una fracción de los vuelos previstos y en agosto terminó directamente por dejar de operar.

Al mismo tiempo, Flybondi avanzó con un fuerte achicamiento de su estructura laboral. Los primeros retiros voluntarios comenzaron durante el primer semestre y desde abril se aceleraron los despidos.

Los problemas no se limitaron a las desvinculaciones. La empresa comenzó a atrasarse también con quienes continuaban trabajando. Para agosto, los empleados denunciaban que tenían pendientes los salarios de junio y julio y el medio aguinaldo, mientras más de 700 exempleados reclamaban indemnizaciones por despidos sin causa y pagos comprometidos en acuerdos de retiro voluntario.

En septiembre ya se contabilizaban más de 900 desvinculaciones entre despidos y retiros voluntarios, según denunciaron los trabajadores. A fines de ese mes, un grupo de exempleados llevó el reclamo hasta la Secretaría de Trabajo y sostuvo que la situación alcanzaba a unas 1.000 familias.

En esa presentación denunciaron atrasos en los pagos de los retiros voluntarios, indemnizaciones por despidos sin causa pendientes y salarios adeudados a trabajadores que todavía continuaban vinculados a la empresa.

Embargos, cheques rechazados y pedidos de quiebra

Mientras Flybondi dejaba de volar y reducía su personal, los incumplimientos comenzaron a multiplicarse también en los tribunales.

Dos de los principales reclamos corresponden a organismos públicos. ARCA y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) reclaman, en conjunto, más de $3.000 millones y durante agosto y septiembre avanzaron con embargos sobre las cuentas de la compañía.

ANAC reclama específicamente $1.464 millones correspondientes a seis facturas impagas por tasas de seguridad aeroportuaria, cuyos vencimientos se acumularon entre marzo y agosto. Por Yanina Otero AMBITO