06.10.26
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Advierten sobre las graves consecuencias del desfinanciamiento en prevención de salud

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En diálogo con Prensa Multimedios, la psicóloga y ex asesora del programa nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, María Pía Diambra, analizó el impacto del ajuste estatal en la entrega de insumos, las campañas informativas y la interrupción en el monitoreo de estadísticas sociales.
La baja sostenida en la natalidad nacional requiere un análisis profundo sobre la autonomía de las personas y la compleja situación económica, descartando explicaciones simplistas que ignoren los factores sociales. María Pía Diambra cuestionó los discursos oficiales sobre el tema y remarcó: "Si hay algo por lo que se ha luchado es para que las mujeres puedan tomar sus decisiones y continuar con la vida que quieran hacer, elegir estudiar, trabajar o elegir maternar más tarde".

Asimismo, las condiciones laborales precarias y la falta de infraestructuras comunitarias de cuidado dificultan la proyección familiar en un escenario atravesado por el avance de la inflación y la inestabilidad. Al referirse a las trabas cotidianas que enfrentan las familias en este contexto, Diambra afirmó: "Eso tampoco abona a la idea de traer alguien al mundo si no existe la licencia, si no hay un montón de derechos y no hay con quién dejar a ese niño o niña a la hora de ir a trabajar".

Por otra parte, la falta de presupuesto gubernamental afecta de manera directa la distribución de anticonceptivos, los programas territoriales y la difusión de folletería educativa en los espacios comunitarios. Sobre la ausencia de campañas preventivas frente a infecciones de transmisión sexual, la especialista advirtió: "No hay educación sexual en las escuelas ni en los barrios, no hay presupuesto para métodos anticonceptivos ni acompañamiento de campañas; no vi ningún cartel hablando de la sífilis, del VIH o del uso del preservativo".

Del mismo modo, la interrupción del seguimiento territorial del Plan ENIA ha dejado sin monitoreo estadístico a los sectores más postergados, impidiendo conocer los números reales de intervenciones y el estado de la demanda. Frente a la desarticulación estatal en las zonas vulnerables, la profesional enfatizó: "Hoy no estamos viendo realmente lo terrible del desmantelamiento porque no es un ajuste o una reducción de personal, no hay nadie, se desmanteló por completo y nos quedamos sin números para comparar".

En esa misma línea, la precarización histórica de los profesionales dedicados a la salud pública y la educación comunitaria desarma el mito del empleo estatal ineficiente en las zonas periféricas. Defender la presencia activa de los equipos técnicos en el territorio resulta fundamental para la especialista, quien sostuvo: "En el plan éramos todos profesionales que trabajábamos todo el día e íbamos a las escuelas y a los barrios donde no llegaba la ESI, con salarios que ni siquiera pagaba el Estado directamente sino el PNUD".

Para finalizar, resulta fundamental la contención comunitaria y la consulta temprana en la red primaria de atención para proteger la salud integral y mental frente a la saturación de los centros asistenciales. Exhortando a la ciudadanía a recurrir a las instituciones asistenciales existentes, la psicóloga concluyó: "Es necesario tener ese vínculo con la salud, sobre todo en épocas de crisis; hay que acercarse a los espacios de atención gratuita porque necesitamos empezar a cuidarnos la salud mental en estos tiempos tan complejos".