Tras un largo y complejo proceso judicial que transitó por múltiples instancias y revisiones, se dictó la sentencia definitiva por la muerte del arquitecto Julio Rubén Scidá (63), ocurrida en octubre de 2021 en el municipio de Yerba Buena tras una pelea desatada por un incidente vial. La jueza Ana María Iacono condenó este martes a Ángel Ismael Cativa (32) a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

El fallo pone fin a una causa que atravesó profundos debates jurídicos sobre la calificación legal del hecho. En los alegatos previos, la Unidad Fiscal de Homicidios II —conducida por el fiscal Carlos Sale y representada por la auxiliar de fiscal Luz Becerra— había solicitado una pena de cinco años de cumplimiento efectivo, mientras que la defensa peticionó el mínimo de tres años condicionales que finalmente impuso la magistrada.

La génesis del trágico hecho

El episodio que enlutó a la familia Scidá tuvo lugar el 16 de octubre de 2021, cerca de las 23:25, en la intersección de calle Las Rosas y la avenida Presidente Perón.

De acuerdo con la investigación, Cativa circulaba en moto junto a una mujer y cruzó un semáforo en rojo. Ante esta maniobra, Patricio Scidá (19), hijo de la víctima, le recriminó la imprudencia. La situación escaló rápidamente: Cativa detuvo la marcha, regresó hacia el joven y se inició una pelea.

Al percatarse de la gresca, Julio Rubén Scidá descendió de la camioneta en la que aguardaba para intentar separar a los involucrados. En medio de la confusión, cuando el arquitecto intentaba retirarse junto a su hijo, Cativa le propinó una patada a la altura del parietal izquierdo. El golpe provocó múltiples fracturas faciales y, al caer pesadamente contra el pavimento, la víctima sufrió un severo traumatismo encéfalo craneano con hemorragia subaracnoidea.

Scidá fue internado de urgencia en el Hospital Padilla y posteriormente derivado al Sanatorio 9 de Julio, donde falleció el 30 de octubre de 2021. Tras el ataque, Cativa y su acompañante intentaron escapar, pero fueron retenidos por transeúntes y aprehendidos por la policía.

Un extenso camino judicial y el cambio de carátula

El expediente judicial registró un recorrido inusual. En agosto de 2022, un tribunal condenó inicialmente a Cativa a 11 años de prisión por homicidio con dolo eventual. Luego, un tribunal de impugnación redujo la pena a nueve años.

Sin embargo, tras las apelaciones de la defensa ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y una serie de revisiones, el máximo tribunal provincial determinó en abril de 2024 que la calificación legal correcta era la de homicidio preterintencional —figura que se aplica cuando el agresor tiene la intención de causar un daño en el cuerpo o la salud, pero el medio empleado desencadena imprevisiblemente la muerte—.

Durante los debates de esta última etapa, la fiscalía remarcó como agravantes la diferencia de edad y contextura física, la sorpresa de la agresión y los avanzados conocimientos de Cativa en artes marciales (había sido campeón nacional y panamericano de taekwondo, alcanzando el cinturón negro segundo dan a temprana edad).

Por su parte, antes de conocer la sentencia, Cativa hizo uso de la palabra para pedir disculpas a la familia de la víctima y manifestar su arrepentimiento. Dado que el acusado ya había cumplido dos años y siete meses de prisión preventiva, además de otras medidas cautelares, la jueza resolvió otorgarle la condena condicional bajo el cumplimiento de estrictas reglas de conducta.