A través del Expediente N.º 153-VL-26 ingresado formalmente en la  Legislatura, las entidades REDECU, FODECUS y LA UNIÓN presentaron un anteproyecto de ley integral para reformar la Ley Provincial N.º 8.479, que regula el funcionamiento del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT).

La iniciativa busca desterrar el manejo discrecional y político de las tarifas de agua y luz, exigiendo una democratización profunda del organismo de control y la participación vinculante de la ciudadanía.

Democratización del ERSEPT: sillas en el Directorio y creación del Consejo de Usuarios

El núcleo central de la reforma apunta a modificar el artículo 5.º de la norma vigente para terminar con el control exclusivo del poder político sobre las decisiones tarifarias que afectan los bolsillos de los tucumanos.

    Integración del Directorio: El proyecto propone ampliar y reestructurar el cuerpo directivo del ente regulador a seis miembros, reservando de manera obligatoria un cargo titular que será designado a propuesta de las asociaciones de usuarios y consumidores debidamente inscriptas.

    Consejo de Usuarios: Se instituye la creación de este nuevo ámbito institucional permanente y con personería propia, dotado de facultades efectivas para intervenir antes de que se adopten resoluciones, auditar el cumplimiento de los contratos de concesión, solicitar informes y canalizar reclamos ciudadanos en un plazo máximo de 48 horas.

Fin de las aprobaciones exprés: audiencias públicas orales y Defensor del Usuario

Para erradicar el cuestionado sistema de consultas públicas documentadas por escrito —utilizado históricamente para convalidar subas tarifarias de manera hermética—, la propuesta legislativa introduce modificaciones estructurales en los mecanismos de participación:

    Obligatoriedad de audiencias públicas orales: Se establece como requisito previo e indispensable la realización de debates abiertos y presenciales antes de autorizar cualquier variación o ajuste de precios en las boletas. Para garantizar que la ciudadanía intervenga en igualdad de condiciones técnicas ante las prestatarias, se prevé la organización de jornadas preparatorias gratuitas.

    Figura del Defensor del Usuario: El anteproyecto crea un representante técnico independiente cuya función principal será auditar las estructuras de costos presentadas por las empresas y representar legalmente a los consumidores en los procesos regulatorios.

Fundamentos políticos y convocatoria a la comunidad

El texto, girado formalmente a la presidencia de la Cámara a cargo de Miguel Ángel Acevedo, lleva las firmas de la presidenta de REDECU, Cecilia Sánchez Blas; José H. García (FODECUS); Natalia López Marnero (LA UNIÓN); y cuenta con el patrocinio legal del Dr. Miguel Francisco Paz.

En la fundamentación elevada a la Legislatura, las entidades advirtieron que la regulación de los servicios públicos no puede reducirse a un mero trámite administrativo ni quedar supeditada a los intereses coyunturales del Poder Ejecutivo. Asimismo, aclararon que la iniciativa no busca reemplazar las funciones del Estado, sino dotar al sistema de transparencia, legitimidad y capacidad real de control para proteger la economía de los hogares, pymes y comercios tucumanos frente a los recurrentes tarifazos. Tras el ingreso formal del expediente, las organizaciones convocaron a la sociedad civil a respaldar el debate del proyecto en las comisiones de la Cámara.