El debate parlamentario sobre la validez del DNU 70/23 ingresó en una fase crítica con la convocatoria a sesiones clave en la Cámara de Diputados. Diversas organizaciones sociales y académicas incrementaron las movilizaciones para exigir la derogación definitiva del instrumento del Poder Ejecutivo. Al referirse a la desregulación generalizada impuesta por el gobierno, la investigadora Luci Cavallero sostuvo que "el decreto es el corazón del programa económico y fue impuesto de manera inconstitucional".
La impugnación judicial del articulado abarca desde la derogación de la Ley de Tierras hasta la liberación indiscriminada en las tarifas de los servicios esenciales. Especialistas en derecho constitucional señalan la omisión de los pasos administrativos requeridos para modificar más de trescientas normas vigentes. Sobre los vicios procedimentales que invalidan la vigencia del decreto, la socióloga remarcó que "el texto no incluyó los informes de impacto correspondientes y presenta serios problemas de nulidad".
La polémica judicial en torno a la venta de tierras rurales a inversores extranjeros reavivó las alarmas sobre la preservación de la soberanía nacional. Las recientes decisiones divididas en el máximo tribunal de justicia generan incertidumbre jurídica y habilitan maniobras especulativas de mercado. En relación al fallo sobre el patrimonio territorial del país, la especialista de la Universidad de Buenos Aires alertó que "deja en evidencia el nivel de arbitrariedad al que estamos sometidos los argentinos".
La desregulación del mercado inmobiliario y el acortamiento de los contratos de alquiler agravaron la vulnerabilidad de las familias trabajadoras. El aumento desmedido en las cuotas de la medicina prepaga y los servicios públicos absorbe la mayor parte de los ingresos familiares diarios. Respecto al impacto directo de las medidas en la economía doméstica, la entrevistada señaló que "se vive un proceso de despojo generalizado de los ingresos que vuelve inviable la vida cotidiana".
La noción de estabilidad jurídica es cuestionada por diversos sectores cuando se utiliza prioritariamente para resguardar los márgenes de ganancia corporativa. Para la socióloga, las garantías legales deben reorientarse hacia la protección efectiva del poder adquisitivo y el acceso universal a la vivienda. Acerca de la asimetría existente en las normativas del Estado, Cavallero consideró que "la seguridad jurídica fue pensada para las empresas pero no para resguardar al usuario ni al trabajador".
La movilización de la comunidad universitaria y los sectores productivos busca enviar un mensaje contundente a la representación legislativa nacional. Frente a las negociaciones políticas en la Cámara Baja, la ciudadanía aguarda definiciones que frenen el avance del ajuste estructuralizado. A modo de conclusión sobre las expectativas puestas en la sesión del Congreso, la investigadora concluyó que "mañana se expresará en las calles el malestar que generan estas políticas de desregulación".