La Legislatura de Tucumán dio sanción formal a la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y del Fondo de Garantía de Tucumán (Fogatuc), dos instrumentos estratégicos impulsados por el Gobierno provincial con el objetivo central de facilitar el acceso al financiamiento bancario para las pymes y los diversos sectores productivos locales. La iniciativa obtuvo un respaldo mayoritario de 33 votos a favor, frente a tres rechazos y tres abstenciones, en el transcurso de una sesión ordinaria que estuvo conducida por el vicegobernador Miguel Acevedo.
El proyecto aprobado autoriza al Poder Ejecutivo provincial a constituir una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), cuya función principal consistirá en administrar fondos fiduciarios e intervenir en distintas modalidades de fideicomisos, incluidos los esquemas de garantía. Esta nueva entidad estatal operará bajo la conducción de un directorio integrado por tres miembros y tendrá como fin primordial respaldar a empresas y emprendedores que necesitan capital de trabajo para expandir sus actividades pero chocan habitualmente contra las estrictas exigencias de garantías patrimoniales que imponen las entidades bancarias tradicionales.
Para cumplir con este propósito se estructuró el FOGATUC, un fideicomiso destinado exclusivamente a potenciar la actividad económica provincial que estará facultado para otorgar avales a título oneroso a personas, firmas y organizaciones de la sociedad civil que operen en Tucumán o decidan radicarse en el distrito a partir de este respaldo financiero.
La normativa establece un fondo de riesgo inicial de $1.000 millones, recursos que provendrán originariamente de un aporte del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y que podrán ampliarse mediante nuevas partidas, utilidades netas y otros ingresos del sistema. Como aspecto central de la distribución, la ley dispone que un 15% del fondo fiduciario se reserve de manera exclusiva para respaldar operaciones de micro y pequeñas empresas de acuerdo con la clasificación oficial, mientras que el control y la fiscalización general recaerán sobre el Ministerio de Economía y Producción de la provincia.
Al defender la iniciativa durante el debate en el recinto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el legislador Carlos Gallia, remarcó que el sistema resuelve el principal cuello de botella financiero que padecen los pequeños empresarios al carecer de inmuebles u otros bienes registrables para presentar como garantías reales ante los bancos.
El legislador aclaró enfáticamente que el Estado no otorgará créditos directos de dinero, sino que actuará como garante institucional de las operaciones comerciales, permitiendo que las pymes reduzcan drásticamente las exigencias de coberturas adicionales exigidas por las entidades financieras, negocien tasas de interés más competitivas y accedan a plazos de devolución acordes a la realidad productiva local.
