La medida, formalizada a través del Decreto N° 1305/2026 y refrendada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, busca evitar un traslado directo a los surtidores de los gravámenes acumulados, en un escenario económico atravesado por la entrada en vigencia de nuevos incrementos en las tarifas de los servicios públicos esenciales.

La decisión oficial replica el esquema de diferimiento aplicado previamente en los meses de abril, junio, septiembre y octubre, priorizando la desaceleración del índice de precios al consumidor mientras las autoridades sostienen el objetivo central de consolidar el sendero de equilibrio fiscal y estabilidad macroeconómica en todo el país.

Los fundamentos del diferimiento impositivo y la dinámica de los surtidores

De acuerdo con los considerandos de la normativa publicada en el Boletín Oficial, la prórroga responde a la premisa inquebrantable de continuar estimulando el crecimiento económico a través de un esquema fiscal sostenible que evite cargar con mayores costos operativos sobre las cadenas de transporte y distribución de mercaderías. Si bien la actualización trimestral del ICL y del IDC se encuentra formalmente atada a la evolución histórica del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Gobierno optó por neutralizar su impacto temporal en el bolsillo de los automovilistas.

No obstante la tregua fiscal instrumentada por la administración central, las autoridades aclararon que el diferimiento del componente impositivo no implica un congelamiento estricto en los precios finales de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio, los cuales continúan estando sujetos a las decisiones comerciales que adopten las empresas refinadoras y petroleras en función de la cotización internacional del barril de crudo, las fluctuaciones cambiarias y los permanentes incrementos en sus estructuras operativas.