La sesión que el oficialismo había convocado para tratar la ley de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otros proyectos, terminó en un fracaso político para la Casa Rosada. La Libertad Avanza consiguió reunir 126 diputados, tres menos de los necesarios para abrir el recinto.
La derrota estuvo atravesada por una serie de conflictos entre el oficialismo con sus aliados provinciales. Los legisladores que responden a Llaryora, Pullaro y Sadir no bajaron al recinto. Una importante fuente explica que hay “agendas contaminadas” entre Diputados y el Senado. Apunta a tres focos de tensión: la distribución de los lugares en el Consejo de la Magistratura, la falta de certidumbre sobre el futuro de la ley de biocombustibles y el malestar por las negociaciones del Presupuesto.
El dictamen de mayoría del Presupuesto dejó gusto a poco entre los socios parlamentarios del Gobierno. Si la Casa Rosada les había concedido menos de lo que reclamaban, sentarse a debatir otros proyectos y allanar el camino para la media sanción de la ley de leyes la semana próxima podía ser una mala señal para las negociaciones que todavía siguen abiertas.
Entre los bloques y espacios que no dieron quórum también estuvieron el MID y Elijo Catamarca. En el caso del MID, explicaron que la decisión respondió a su rechazo a la reforma electoral que impulsa el Gobierno, porque consideran que afecta a los partidos políticos. En cambio, bajaron al recinto La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Karina Banfi, José Garrido, parte de Argentina Federal (Misiones y Salta), los tucumanos de Independencia, las legisladoras de Producción y Trabajo (San Juan) y La Neuquinidad.
La disputa por el Consejo de la Magistratura y el reclamo por biocombustibles
Uno de los principales puntos de conflicto es la integración del Consejo de la Magistratura. Provincias Unidas formalizó la postulación de Juan Brügge, de Córdoba, como consejero titular, y de Pablo Farías, de Santa Fe, como suplente, en representación de la segunda minoría de la Cámara de Diputados para el período 2026-2030.
La nota fue enviada a Martín Menem para que formalice las designaciones. Sin embargo, en el bloque hay sospechas de que el presidente de Diputados podría no elevar el nombre de Brügge. Menem todavía tiene unos días para enviar a la Corte Suprema los cuatro nombres que representarán a la Cámara baja, para que el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, les tome juramento.
En Provincias Unidas advierten que, si Menem y el PRO avanzan con una interpretación que consideran ilegal, recurrirán a la Justicia. Su argumento es que la Ley 24.937 establece que los representantes deben distribuirse entre los bloques: dos para el bloque de la mayoría, uno para la segunda minoría y uno para la tercera. Provincias Unidas tiene 18 integrantes, mientras que el PRO cuenta con 12. La normativa, sostienen, no contempla los interbloques.
En ese planteo también recuerdan el antecedente de 2022, cuando el entonces diputado Mario Negri judicializó la designación de los representantes y consiguió que Roxana Reyes ingresara al Consejo de la Magistratura.
El segundo foco de tensión está vinculado con los biocombustibles. Córdoba y Santa Fe le reclamaron a La Libertad Avanza certezas sobre el tratamiento de la media sanción que resta para convertir en ley el nuevo marco regulatorio. Sin embargo, la presión del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, estaría frenando un acuerdo.
El cordobesismo reclama una actualización de la normativa y sostiene que el proyecto representa una oportunidad para ampliar la producción, las inversiones y las exportaciones. El diputado Carlos Gutiérrez había defendido la iniciativa y asegurado que los legisladores cordobeses, incluso los de La Libertad Avanza, acompañarían su aprobación.
El malestar con la agenda del Senado
También hay malestar por el avance de la agenda del Senado y la expectativa de que Diputados acompañe sin mayores objeciones los proyectos que lleguen desde la Cámara alta. En ese escenario, los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir no les pidieron a sus diputados que bajaran al recinto. De los legisladores de esos espacios, solamente se sentó Alejandra Torres.
La caída de la sesión representa un golpe para el Gobierno por el peso de los proyectos que quedaron sin tratamiento. Martín Menem estaba muy enojado por el desenlace. Tanto la ley de Malvinas como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central habían sido anunciadas por Javier Milei durante una cadena nacional y forman parte de las iniciativas que el Presidente busca convertir en ley.
El traspié llega, además, en un momento ajustado del calendario parlamentario. El período ordinario termina el próximo 30 de noviembre y al oficialismo le quedan pocos días para avanzar con una agenda legislativa cargada, que incluye proyectos centrales para la Casa Rosada. Al cierre de esta nota, el presidente de la Cámara de Diputados se encontraba reunido para reorganizar la agenda y prever una fecha para reprogramar la sesión.
La ley de Defensa de la Soberanía Nacional
Uno de los proyectos centrales que se quería tratar en Diputados era el de endurecer las sanciones contra empresas y particulares que realicen actividades de exploración o explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes sin autorización argentina.
La iniciativa contempla multas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para las compañías involucradas. También propone cambios en la organización de las áreas de defensa e inteligencia y crea un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, que tendrá entre sus funciones coordinar políticas estratégicas y evaluar inversiones extranjeras en sectores considerados sensibles.
El capítulo que genera mayores diferencias con los bloques dialoguistas es el que incorpora sanciones penales vinculadas con la injerencia extranjera y el financiamiento externo de actividades electorales. Ese apartado necesita 129 votos para su aprobación, una mayoría especial que el oficialismo todavía no tiene asegurada.
