La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, conducida por Claudio Avruj, les avisó a los representantes de Trabajadores del Estado en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el despido de 45 personas.

 

El número representa el 25% del personal del organismo. "Mientras los funcionarios alegan la necesidad de “una reducción de personal para alcanzar la dotación óptima” como fundamento de los despidos, resultado del informe de Ministerio de Modernización, los trabajadores/as denunciamos que mientras queden miles de comunidades originarias sin tener reconocidos sus territorios", expresaron los damnificados en un comunicado.

Agregaron que "mientras los derechos básicos de los Pueblos Originarios sean vulnerados y sigan sin tener acceso al agua potable, la salud, la educación intercultural bilingüe, la vivienda digna, entre otras cuestiones, son necesarios más trabajadorxs a fin de fortalecer las políticas públicas en materia de derecho indígena".

En el marco del proceso nacional de ajuste –endeudamiento con el FMI, achicamiento del Estado- los trabajadores del INAI denunciaron que "esta gestión de gobierno desfinanció el INAI y subejecuta desde 2016 el bajo presupuesto que quedó asignado al Instituto".

 

"En esta nueva instancia en la que pretenden avasallar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, este colectivo luchará y defenderá inquebrantablemente nuestros derechos y por ende la política pública indígena", apuntaron también.

 

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, creado mediante Ley Nacional N° 23.302 en 1985, es un organismo descentralizado del Estado Nacional con la atribución de implementar la política pública indígena en todo el país, a partir del cumplimiento y la efectivización de derechos consagrados en la Constitución Nacional Art.75 Inc. 17 y normativa vigente Convenio 169 OIT, Ley 24071, la cual está destinada a un sujeto colectivo de derecho: las Comunidades Indígenas y los Pueblos Indígenas a los que pertenecen, garantizando a su vez la participación y consulta de los mismos en su diseño y ejecución y articulando con las provincias en razón de las facultades concurrentes y el federalismo concertado.

 

Originalmente el INAI existió en el marco de la Secretaría de Desarrollo Social, inserto a su vez en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y luego transitivamente funcionó en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

 

Durante los años noventa, la oficina del INAI se dedicaba a articular y monitorear programas diseñados y subvencionados por organismos financieros internacionales, o bien a financiar otros cuya aplicación y desarrollo corría por cuenta de diferentes ONG, al mismo tiempo que no consolidaba una estructura territorial (planta formalizada con cargos concursados) que abarcara las múltiples realidades y necesidades de los Pueblos Indígenas a lo largo y ancho del país.

 

A partir del año 2003 el INAI inició un proceso de crecimiento en su estructura y cantidad de trabajadores en consonancia con un mayor desarrollo de las políticas públicas orientadas a los Pueblos y Comunidades Indígenas (Decreto N° 410/2006 el INAI oficializa la creación de dos Direcciones: Desarrollo de Comunidades Indígenas y Tierras y Registro Nacional de Comunidades indígenas (Re.Na.C.I.), en 2010 se le sumaría una tercera, Dirección de Afirmación de Derechos Indígenas, mediante el Decreto N° 702/2010. Con la sanción de la Ley Nacional N° 26.160 en 2006, de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, el INAI logra un crecimiento exponencial en su planta de personal, acorde a las necesidades implementación y trascendencia de dicha ley y

a la nueva realidad de las Direcciones.

 

Se produjo un avance notable de la política pública y la legislación destinada a los Pueblos Indígenas, inédito e histórico en nuestro país, consolidado por la férrea voluntad de las Organizaciones Indígenas territoriales y de los trabajadores del Instituto. La magnitud de la tarea y sus resultados quedan plasmados en las casi 850 Comunidades Indígenas relevadas, contabilizando más de 8.500.000 ha. y las más de 1.456 Comunidades con personería jurídica inscripta en el INAI y en los organismos provinciales competentes, pertenecientes a 38 Pueblos Indígenas diferentes y asentadas en todas las provincias del país. 

 

A ello se suman los numerosos proyectos socios productivos desarrollados, los trabajos en salud, educación y cultura y la creación del Consejo de Participación Indígena (CPI), espacio institucional de consulta y participación conformado por representantes elegidos por las Comunidades Indígenas, por Pueblo Indígena y por provincia, actualmente integrado por 126 representantes.(infonews.com)