Quisieron evitar un mayor costo político pero terminaron en un escándalo

Mascando bronca, debieron acatar la presión de la Intendencia y quitaron del proyecto presupuestario el artículo 7º que establecía un aumento en la dieta del intendente Domingo Amaya a 7.659 pesos mensuales.

El beneficio al jefe municipal también abarcaba automáticamente los ingresos de los concejales (y funcionarios de la Intendencia) quienes se quedaron con las ganas de elevar sus salarios a 6.510 pesos debido a que Ley Orgánica de Municipalidades fija que los ediles deben cobrar el 85 por ciento del sueldo del intendente.

Sin embargo, horas antes de la sesión, y cuando parecía que el Presupuesto iba a ser sancionado unánimemente en general, supuestas presiones desde la Intendencia para evitar esta suba salarial terminaron convirtiendo la cuestión en un escándalo.

La cuestión tomó estado público cuando en periodo de manifestaciones generales el edil oficialista, José Franco, denunció haber recibido aprietes para retirar el incremento de haberes del Presupuesto 2010.

Con la voz entrecortada, rozando el llanto, el presidente de la comisión de Hacienda aseguró haber sido “apretado de manera cobarde”. “Lo tengo que decir, me siento mal, me llamaron desagradecido”.

Franco denunció ante el cuerpo que fue presionado para que no se trate en el reciento la suba salarial y dio a entender que lo amenazaron poniendo en juego los contratos que tienen miembros de su familia en la Intendencia.

Tras la polémica aprobación de la suba de precio del cospel, la bancada oficialista impuso un cuarto intermedio para debatir puertas adentro cómo amenguar las esquirlas de la bomba arrojada por Franco.

Como corolario, y ante la requisitoria periodística (ver video adjunto a esta nota), el “apretado” edil intentó esquivar el conflicto y no dar precisión alguna sobre quién y por qué lo presionaron. Tampoco el presidente del bloque oficialista, José Miranda, se animó a dar más detalles en torno a la grave denuncia lanzada por Franco. Aunque ambos lo negaron, el conflicto institucional se hizo evidente.

“Si sancionábamos un incremento de salarios el mismo día en el que aumentamos el precio del cospel el costo político iba a ser terrible. A esto se le suma que Amaya no quiere ningún cuestionamiento en su contra. Primero rechaza públicamente la suba del cospel y ahora presiona para que se quite del Presupuesto la suba salarial para los funcionarios y nosotros”, explicó a primerafuente un concejal oficialista.