Junto con los EEUU, Japón es la única nación industrializada y democrática que mantiene la pena de muerte, sin aviso previo a los condenados, sin testigos y en la horca. La aplicación de la pena máxima pone fin a una moratoria "de facto" que se mantenía desde que llegó al poder el Partido Democrático de Japón (PD), que arrasó en las elecciones de agosto del año pasado y que nombró como ministra de Justicia a la conocida abolicionista y abogada Keiko Chiba.