El Juez Federal N° 1, Daniel Bejas, ordenó el procesamiento con prisión preventiva en contra del genocida José Roberto Abba y que la misma se haga efectiva en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz (Buenos Aires), en el contexto del delito internacional de genocidio y que fueran cometidas en perjuicio de Maurice Jeger y Olga Cristina González. Todo, en el marco de la causa "Operativo Independencia".

La resolución, además, ordena embargar sobre los bienes de titularidad del procesado hasta cubrir la suma de 300 mil pesos, "a los fines de garantizar la pena pecuniaria, costas procesales y responsabilidades civiles".

El procesamiento de Abba se debe a que se lo considera "partícipe necesario en la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, y autor material en la comisión del delito de torturas agravadas y como autor material del delito de asociación ilítica agravada, todos ellos en perjuicio de Maurice Jeger y Olga Cristina González".

Asimismo, Bejas ordenó que se libren oficios al Ministerio de Seguridad de la Nación y a todas las fuerzas federales para informarles que Abba está impedido de salir del país.

Un poco de historia

Maurice Jeger trabajaba en el diario La Gaceta y es el primero de los 15 ciudadanos franceses desaparecidos en la Argentina. La madrugada del 8 de julio de 1975 fue secuestrado de una vivienda en calle general Paz al 1000 de San Miguel de Tucumán, por un grupo de gente uniformada y de civil, fuertemente armados y que contaron con un camión militar de apoyo.

Su departamento fue saqueado y sus pertenencias robadas. Días después del secuestro, desconocidos entraron al diario (La Gaceta) donde trabajaban y vaciaron el escritorio de Jeger.

Un testigo aseguró haber visto a Jeger el 9 de julio dentro de la comisaría de Famaillá. Otras fuentes sostienen que lo vieron en el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita de Famaillá".

La causa tenía a cuatro personas imputadas: el general Acdel Vilas (jefe del Operativo Independencia) y quien falleció. Los otros, eran los capitanes del Ejército,Héctor Mario Schwab (está prófugo) y Enrique José del Pino (fue capturado en 2007) y Abba.

Radiografía de un genocida

José Roberto Abba fue fiscal de Estado (en esa época se llamaba Abogado General del Estado) posteriormente al golpe genocida, durante 1976/77. Estaba procesado por delitos cometidos en Tucumán en el marco del Terrorismo de Estado y había sido beneficiado por la Ley de "Obediencia Debida". Junto al genocida Antonio Domingo Bussi fue partícipe directo de la represión, en la provincia de Tucumán en el marco del Operativo Independencia.

Es un fanático de ultraderecha al que varias fuentes lo responsabilizan no sólo como criminal, sino por el manejo de los asuntos turbios de Bussi, incluyendo amenazas y maniobras extorsivas.

Está acusado, además, de los delitos de terrorismo y de genocidio por el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid y fue procesado por Baltazar Garzón en 1999.

La responsabilidad del capitán Abba por la desaparición de personas fue directa y el conocimiento de sus amenazas ya eran de extrema cotidianidad en la capital de la provincia. Llamativamente, no se registran datos en la prensa escrita, entonces cómplice o censurada por algún censor militar.

Entre algunas de las personas que integraron el entorno de Abba se encuentran, según denuncias, algunos nombres conocidos: Zaida Eugenia Lobo de Gerardi, Raúl Topa, Alberto Magli, María Gilda Pedicone, Carlos Valls, Federico Colombres, Luis Eduardo Díaz Romero y Jorgelina Inés Antoni.

Todos ellos dependían de forma directa de Abba. Algunos ocuparon puestos relevantes, como Topa (vicegobernador e intendente de San Miguel de Tucumán); Magli (fiscal del municipio capitalino); Pedicone (encabezó la Fiscalía de Estado de la Provincia, en 1996). Romero había sido juez penal durante la distadura, al igual que Antoni.

Jeger y González integran el listado de más de 250 víctimas de la megacausa "Operativo Independencia".