Ante la proximidad del histórico megajuicio por las causas Arsenales II y Jefatura II (podría comenzar en octubre próximo), los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán ordenaron el jueves pasado la detención de los 42 imputados que serán juzgados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los dos centros clandestinos más sangrientos que operaron durante la última dictadura militar en la provincia.

La decisión fue tomada por los jueces Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga (subrogante), con el voto disidente de Gabriel Eduardo Casas, en base al artículo 366 del Código Procesal Penal de la Nación, que faculta al TOF a detener a los imputados a fin de garantizar la realización del debate oral y público. Por ello, la medida solamente se extenderá mientras dure el juicio.

El operativo comenzó casi a medianoche del jueves a cargo de personal de Gendarmería Nacional. En Tucumán fueron detenidos 21 imputados y el resto, en las provincias de Jujuy, Misiones, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, y en las ciudades de La Plata, Bariloche y Capital Federal. La orden implicaba el inmediato traslado a los penales de los respectivos distritos, aunque algunos de los acusados ya se encontraban en prisión, como el caso del escribano tucumano Juan Carlos Benedicto. Otros estaban en prisión domiciliaria y el resto, en libertad.

En Tucumán, fueron llevados al penal de Villa Urquiza los ex policías (ya condenados por delitos de lesa humanidad) Roberto “El Tuerto” Albornoz y Luis Armando De Cándido, quienes gozaban del beneficio de la prisión domiciliaria en sus casas de la Banda del Río Salí y de la capital, respectivamente.

Entre los que estaban en condición de excarcelados en la provincia, los nombres más sobresalientes que figuran en la lista de los imputados, son José Eloy Mijalchyk, conocido como el padre “Pepe”, quien se convertirá en el primer cura que será juzgado por delitos de lesa humanidad en Tucumán, y el policía Miguel Angel Chuchuy Linares, quien fue testigo en el juicio Jefatura I.

En la resolución, los jueces especificaron que en el caso de los mayores de 70 años, si bien serán llevados al penal de Villa Urquiza, luego serán examinados por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar si están en condiciones de permanecer alojados en el penitenciario. Igual medida se adoptará para los que tienen menos de 70 años y tienen problemas de salud. Justamente en este punto fue en el que disintió el juez Casas, quien no estuvo de acuerdo con enviar a una celda común a los imputados mayores de 70 años y con problemas de salud.

Es el caso del represor Luciano Benjamín Menéndez, quien es juzgado actualmente en La Rioja y goza de la prisión domiciliaria. Según la orden, debió ser llevado a un penal de esa provincia y luego ser revisado por los médicos forenses de la Corte.