Todavía es incierto si el represor Luciano Benjamín Menéndez se sentará en el banquillo de los acusados en el que se convertirá el juicio más grande de la historia de derechos humanos en la provincia. Si bien los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán habían decidido separarlo del debate -por razones de salud-, ahora dieron marcha atrás con la medida y solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que envíe a sus peritos forenses para que determinen si está en condiciones físicas de afrontar el juicio.

Esto sucede cuando el ex Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército es juzgado por delitos de lesa humanidad por un Tribunal Federal de La Rioja, en base a un informe médico de Córdoba que afirmaba que Menéndez sí estaba apto para someterse al juicio.

El tribunal federal de Tucumán había dispuesto suspender la citación a juicio de las partes hasta tanto se practique al Menéndez una junta médica que determine su aptitud para concurrir a juicio. Pero los jueces dieron marcha atrás al dar lugar a un recurso de reposición presentado por abogados querellantes Pablo Gargiulo, Julia Vitar y Daniel Weisemberg.

Los abogados alertaron que la decisión del TOF –de dilatar el trámite del juicio- implicaba “un injustificado, ilegítimo y arbitrario retardo” en la tramitación de la causa.

En la resolución firmada el 16 de agosto pasado, los jueces del TOF, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, también ordenaron que en un plazo de diez días hábiles las partes examinen las actuaciones, los documentos y ofrezcan las pruebas. Paso siguiente, se fijará la fecha del histórico debate en el que se juzgarán a unos 40 imputados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Arsenales y ex Jefatura de Policía, los centros clandestinos más sangrientos que funcionaron durante la última dictadura militar en la provincia.