El material, acercado a Primerafuente, consta de varias filmaciones (los cuales fueron editadas y unidas en un solo video) , en los que aparece Ada Altuve (secretaria general de AGEJ) y el abogado de este gremio, Mario Leiva reunido con los aparentes damnificados. Allí, se hace referencia a cómo se desarrollaron los hechos que derivaron en una causa judicial por estafa.

El conflicto se inició en 2010 cuando comprobaron que, pese a contar con comprobantes de ingreso al plan de viviendas, por el que pagaron entre 2.000 y 6.000, quedaron afuera del proceso adjudicatario. En total, se construyeron 227 viviendas en Los Pocitos a partir de un acuerdo entre el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ).

“Como se ve en los videos, desde el gremio se vendieron casas sabiendo que los cupos no eran suficientes. Para solucionar el conflicto, salieron a mentir que iban a incluir a los afectados en un nuevo plan de 340 viviendas que se realiza en Las Talitas. Hasta ahora, no cumplieron en absoluto. Ada Altuve, como buena estafadora, dijo que pasará al Instituto Provincial de Vivienda un listado de personas damnificadas para que sean tenidas en cuenta en este proyecto. Esperamos que, de una vez, tengan en cuenta a las 241 familias que venimos atendiendo”, afirmó el abogado Carlos Garmendia.

Garmendia sostuvo que se presentó al gremio un listado de las familias supuestamente afectadas para que sean destinadas a Las Talitas. “Sin embargo, sabemos que no chequearon esa lista y tememos que jamás los pasarán al IPV. En cambio, lo que sí hicieron es lanzar acusaciones falsas contra mí y amedrentar a estas personas a través de llamadas de teléfonos, tal como lo admite en el video el empleado judicial Néstor Guerrero”.

“En la filmación también se ve cómo el abogado del gremio, Mario Leiva (al comienzo, de camisa celeste) miente sobre la reubicación de las familias en otros proyectos habitacionales. Ellos sabían muy bien que el cupo de viviendas era insuficiente. Hasta el nombre del proyecto se llama 227 viviendas”, dijo el abogado.

Sobre otra posibilidad de reubicación de los presuntos estafados en casas en la localidad de San Andrés, tal como se prometió desde el gremio, para Garmendia, también se trata de un nuevo engaño. “Me reuní con Gustavo Durán (titular del Instituto de Vivienda) y no tenía ni un papel sobre este proyecto. Se trata de otra mentira de Altuve, algo que queda bien reflejado en la filmación”.