Los gobernadores se reunieron este martes en el marco del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar las finanzas provinciales, la caída en los ingresos y el impacto en cada distrito, en pleno calendario electoral y en medio de las negociaciones cruzadas con el gobierno.

Preocupados por el impacto de la baja en los impuestos coparticipables y la caída en las transferencias automáticas a las provincias, que entre el 2023 y el proyectado al 2025 significó una variación real en torno al -11,5%, acordaron pedirle a Milei una reunión para avanzar en un nuevo pacto fiscal.

Según informaron los mandatarios que participaron del encuentro, “primó la posibilidad de sentarse con el gobierno nacional sosteniendo el equilibrio fiscal”, pero se habló de “avanzar en un pacto fiscal que ordene tanto lo impositivo, lo fiscal y las obligaciones de orden federal y provincial”.

Entre los gobernadores la mayor preocupación es la caída de recaudación y su impacto negativo en la coparticipación y cuentas públicas provinciales. Entre el 2024 y este año, la merma prevista en las transferencias automáticas a las provincias, que se componen del régimen de coparticipación general y los regímenes especiales, es del -4,2%, según estimaciones de la Comisión Federal de Impuestos.

“Representa una pérdida de casi $2,5 billones en moneda homogénea, equivalente al 0,3% del PIB. Si se compara con el 2023, la caída es aún superior, lo que equivale a decir que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibirían casi $7,4 billones menos que dos años atrás, pérdida que se aproxima al 1% del PIB. Vale señalar que esta fuente de recursos representó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con ratios mayores al 60% para un conjunto de 12 jurisdicciones”, sintetizó un documento plagado de gráficos que circuló en las últimas horas en el chat que comparten los jefes provinciales, en la previa del encuentro que se realizó en la ciudad de Buenos Aires.

Según las proyecciones, para el 2025 la nación le girará a las provincias unos $56.466.157 millones.

Entre los gobernadores aparece, en ese contexto, otro dato igual o más inquietante: el mes pasado, los giros por coparticipación tuvieron un incremento nominal interanual de apenas el 10,6%, cayeron más de 50 puntos porcentuales respecto a abril.

Fue el menor registro desde mayo del 2020, es decir, el punto más crítico de la pandemia de COVID-19, con una economía en franca recesión. Entre las principales causas se encuentran las modificaciones en la política tributaria por parte del gobierno y la lenta recuperación del consumo, incluso muy dispar según los sectores.

En las provincias, la preocupación va in crescendo, peor aún a medida que se acerca el pago del medio aguinaldo para los trabajadores estatales: hay gobernadores a los que se les hace cada vez más cuesta arriba cubrir una masa salarial.

Para colmo, el Ejecutivo retacea la adjudicación de Aportes del Tesoro -el stock acumulado a estos días ascendía a más de $1.000 millones-, sumado a las transferencias presupuestarias que son casi nulas.

Las quejas por el mantenimiento de las rutas pertenecientes al Estado nacional, por ejemplo, ya escalaron a niveles récord por el pésimo estado de las mismas. También por las obras vinculadas con los planes de viviendas, y la infraestructura en general.

De la reunión, en las oficinas de la calle Azopardo, participaron, entre ellos, Axel Kicillof (Buenos Aires), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Osvaldo Jaldo (Tucumán). También Hugo Passalacqua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis), Ricardo Quintela (La Rioja), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Claudio Vidal (Santa Cruz).