Además, la Auditoría General de la Nación (AGN) comenzará a partir de hoy a investigar esas contrataciones puestas en duda por una nota del periodista Horacio Verbitsky en el diario Página 12.
Recién después de leer el des- cargo de Armella y el informe que producirá la AGN, la Corte decidirá si aparta el juez de esta causa, explicaron fuentes del máximo tribunal a este diario.
La historia comenzó el 28 de diciembre de 2005, cuando Juan José Mussi, por entonces intendente de Berazategui, autorizó por decreto el funcionamiento de la tosquera de Gindin SA, cuyos dueños están estrechamente vinculados con Armella, quien benefició a esa firma durante años al prohibir otras canteras en la jurisdicción de la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (ACUMAR).
Mediante el decreto 1566/05, el actual secretario de Ambiente de la Nación, declaró "factible" el emprendimiento de extracción y comercialización de suelos por parte de Gindin SA, en un terreno de más de 30 hectáreas en Ranelagh. "Todo esto nació en el escritorio de Mussi", resumió Juan Manuel Fernández, que vive a metros de la tosquera y lideró la protesta en aquellos años. Tanto Armella como Mussi no respondieron a las llamadas de este diario.
Apenas un día antes del decreto, el Concejo Deliberante, que res- pondía en forma directa al intendente, ya había rezonificado el predio mediante la ordenanza 3791. El decreto, al que accedió Clarín, también está firmado por el hijo de Mussi y actual intendente, Juan Patricio Mussi, y por Carlos Balor, ex secretario de Obras Públicas de la municipalidad y actual secretario de Planificación Estratégica de la ACUMAR. Gindin es presidida por el abogado portugués Arturo Rodrigues Da Silva, que también participa de "San Martín 264 Bernal SA", una sociedad en la que figuran la mujer del magistrado y su suegro. Otro dato. Gilda González es directora suplente de la firma. Su hermano, Diego, era compañero de colegio de Armella, denuncian los ambientalistas. Tras el visto bueno de la municipalidad, en mayo de 2006 la tosquera fue clausurada por la dirección de Minería bonaerense. En 24 horas, Gindin obtuvo una medida cautelar, que le permite operar hasta la actualidad.
Para entonces, los vecinos de- nunciaron supuestas tareas de espionaje por parte del juzgado federal de Quilmes, en una causa que estuvo a cargo de Marcela Linares, como subrogante. "Hubo amenazas y seguimiento a vecinos y concejales", recordó ante Clarín Ernesto Salgado, otro de los ambientalistas. Incluso se habló de un informe -con fotos y planos- sobre las casas de los vecinos. Todo en el marco de una denuncia por supuestas amenazas.
