La Senadora nacional por la UCR, Silvia Elías de Pérez, presentó este lunes en los Tribunales Penales de Tucumán, una denuncia contra el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Armando Cortalezzi, por considerar que incumplió con el deber de controlar a la empresa Impresora Internacional de Valores S.A. ( Ivisa).
La demanda se apoya en la falta de sanción sobre la empresa por el incumplimiento de las inversiones para la remodelación y puesta en funcionamiento del ex Hotel Savoy, que la firma había prometido al gobierno a cambio de la explotación del inmueble y la concesión de las maquinas tragamonedas del Casino oficial de la provincia.
“No hubo un solo peso de inversión por parte de la empresa, que si ha explotado el inmueble como han querido, acorralando al Casino de Tucumán, y ahora que se le están cumpliendo los plazos notifican de su desistimiento de iniciar las obras, aduciendo que no están dadas las condiciones en el suelo para desarrollar el plan de obras aprobado; y la provincia ¿qué hace? le pone una ley para dejarla sin culpa a la empresa”, sostuvo Elías de Pérez.
En Abril de 2012, a través de la ley N°8.492, la Caja Popular concedió a la firma Ivisa la concesión para su explotación del ex Hotel Savoy (en Maipú y avenida Sarmiento) hasta el año 2062 (50 años), además de varios beneficios impositivos, a cambio de una inversión de $ 75 millones para la remodelación del inmueble y su puesta en funcionamiento como un centro de convenciones.
En este convenio, la firma asumía todos los costos, e inversiones referidos a espectáculos. Sin embargo, según Elías de Pérez, en reiteradas ocasiones la CPA otorgó a Ivisa subsidios de $ 45 mil destinados a la contratación de artistas, durante los años 2009 al 2011. “Se le otorgó una consideración privilegiada para que estos señores hagan negocios a costillas del dinero de los tucumanos”, denunció.
Otro de los argumentos esbozado por la dirigente radical apunta a los créditos otorgados por la CPA, a la firma. Se trataría de cinco créditos por la suma de $ 15.000.000, entregados entre los años 2006, y 2010. “Cada vez que la firma decía no poder iniciar la remodelación la Caja Popular le entregaba un crédito para que la empresa invierta”, aseguró.
Por estos motivos, solicitó a la justicia tucumana que se investigue al funcionario alperovichista por la presunta comisión de los delitos de peculado el incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Se debe investigar las ganancias de la firma y el motivo por el cual se retira sin sanciones pese a no haber cumplido con las inversiones prometidas. Es más que obvio que la Caja Popular no cumple con su deber de inspeccionarla para garantizar la transparencia”, sentenció.
