Además de Cerisola y Sacca, fueron citados a indagatoria Juan Carlos Raimundín (ex secretario administrativo de la UNT), Olga Graciela Cudmani (ex directora general de Construcciones Universitarias), Horacio Alfredo Lobo (arquitecto e inspector de obra) y Osvaldo Venturino (ex director de Inversiones y Contrataciones). Las audiencias se celebrarán entre el 4 y el 13 de abril.
Los delitos que se le imputan a Cerisola son: incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública y malversación de fondos. Los otros imputados comparten uno o dos de esos mismos delitos.
La investigación gira en torno al manejo de los $ 345 millones que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) recibió de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Además de la acusación por el manejo irregular de los fondos de YMAD, el fiscal Brito explicó en el pedido de indagatoria que el rector puso bajo su órbita a la Dirección de Construcciones Universitarias, a cargo de Cudmani, quien “convocó a licitación sin respetar la Ley Nacional de Obras Públicas, autorizó el pago de sobreprecios tanto en obras nuevas como en refacciones”. En algunos casos los montos extras fueron del 194%.
También está en la mira la colocación de fondos que recibió de YMAD en entidades bancarias que, en algunos casos, son de tercera y cuarta línea. Esta inversión financiera -según consta en los expedientes- habría dejado unos $56 millones en concepto de intereses, cuyo destino no ha sido informado con claridad, según la denuncia.
La postura de Bardón
El 22 de marzo está prevista la primera reunión de 2016 del Consejo Superior de la UNT. Es casi seguro que uno de los temas a tratar sea el vencimiento del plazo que el Consejo Superior le dio a la rectora, Alicia Bardón, para tomar una medida sobre la causa por manejo irregular de los fondos del YMAD, en la cual están involucrados Cerisola y compañia.
El plazo fue fijado por el Consejo el 22 de septiembre del 2015 y era de 120 días. Una vez vencido, la rectora Bardón deberá producir un informe, tras lo cual el Consejo Superior decidirá las acciones que tomarán en el caso. No se descarta que la actual rectora se constituya como querellante en la causa.
