El fallecido sacerdote había denunciado en varias ocasiones situaciones de acoso y persecución laboral que sufrían los trabajadores de esa comuna, así como también la inacción y connivencia de las autoridades políticas para con la venta de droga, por lo que su muerte fue el detonador que permitió que decenas de denuncias salieran a la luz.
Bajo estos argumentos, tres legisladores de la oposición solicitaron este jueves al gobernador, Juan Manzur, la intervención de la comuna de La Florida. Eudoro Araoz, Adela Estofan de Terraf y José María Canelada, formalizaron esta mañana el pedido en Casa de Gobierno, que sustentaron en la acusación de que se violó la ley de Comunas. “Las autoridades comunales no están velando por los intereses de su comunidad", sostuvo el legislador Eudoro Aráoz.
“Desde nuestro punto de vista y en defensa de los bienes materiales y culturales de la comunidad, hay una alteración de la relación de la comunidad con el órgano de gobierno que se vio exponenciado a partir de la muerte del padre Juan, que era vocero de la comunidad y que había denunciado el narcotráfico y el narcomenudeo que hacían imposible la vida de los miembros de esa comunidad”, esgrimió el parlamentario radical.
“Por eso pedimos la intervención de la comuna que además ya había sido denunciada varias veces por sus trabajadores por acoso, persecución y violencia laboral”, agregó Araoz.
No es la primera vez en el 2016 que Gramajo está en la mira: a comienzos de este año afrontó una grave denuncia por parte de empleados comunales que aseguraron que eran obligados a realizar aportes, los cuales, luego, eran descontados de sus sueldos.
Los trabajadores también responsabilizan a Soria de obligarlos a trabajar en viviendas de funcionarios y parientes suyos, e inclusive de maltratos, amenazas y extorsión. El sacerdote Viroche había cuestionado la gestión de ambos durante una reunión con la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura y los había vinculado con el narcotráfico y la trata de personas.
Por su parte, el también legislador por el radicalismo, José María Canelada, aseguró que corresponde que el gobierno tome la decisión de intervenir La Florida “porque se ha frustrado el rol de la democracia”.
“Cuando el Estado, que es quien debe cuidarte, es uno de los protagonistas de las cosas malas que están pasando, debe dar un paso al costado”, sostuvo.
Al mismo tiempo, responsabilizó a la Justicia de permitir que “el pueblo de La Florida esté en un estado de abandono y miedo” y aseguró que “viene mirando para otro lado”.
“Una vez que las denuncias del padre Juan tomaron estado público debieron actuar de oficio. Cuando había denuncias relacionadas a la droga, debería haber actuado la Justicia Federal. Cuando hubo denuncias de acoso laboral de los empleados del municipio, debería haber actuado la Justicia Laboral”, sentenció Canelada.
A su tiempo, la legisladora Adela Estofan de Terraf, aclaró que también solicitarán la remoción de la cúpula policial. “No pueden o no quieren dar respuestas a la situación de emergencia que están pasando. Por eso creemos que no tienen que estar. Esperamos que esta vez el gobernador se ponga los pantalones largos y tome cartas en el asunto”, disparó.
Sin expectativas
Puesto que Arturo “Chicho” Soria, ex delegado comunal, es una de las piezas fundamentales del Ministerio del Interior que hoy conduce Miguel Acevedo, son pocas las expectativas que tienen los legisladores de que se resuelva positivamente su planteo. En este sentido, fueron contundentes a la hora de definir “la falta de voluntad política” del gobernador para resolver los problemas de seguridad y corrupción en la provincia. “No sé qué pensar de Juan Manzur. Su total ineficiencia, ineficacia e indiferencia para ser gobernador realmente me espanta”, comentó Estofan de Terraf.
“No creo que resuelva algo positivo. La verdad que se puede esperar muy poco de él. Esperemos que el hombre que siempre tiene una sonrisa esta vez haga las cosas en serio y haga lo que corresponde”, agregó Canelada.
Ante la falta de expectativas, aclararon que si no se da por decreto del Ejecutivo, acudirán al recinto parlamentario para que la intervención se dé por ley. “Si el gobernador no toma la decisión, nosotros presentaremos un proyecto de ley para la intervención de esa comuna. Es hora de erradicar la basura que hay en la provincia”, sentenció Araoz.
