La implementación de la Ley de Etiquetado Frontal continúa generando un profundo debate social en torno a los hábitos de consumo y las resistencias del sector industrial. Para los profesionales de la nutrición, los octógonos negros representan una herramienta de salud pública fundamental que busca revertir los alarmantes índices de enfermedades crónicas no transmisibles. En diálogo con Prensa Multimedios, la licenciada Constanza Franco defendió con firmeza la vigencia de la normativa nacional al sostener que “es sumamente positiva la ley porque viene a reordenar las góndolas y a ponernos una alarma de conciencia sobre qué elegimos llevar a la boca”.
El principal valor de los sellos negros radica en su capacidad para brindar información directa en un escenario donde las listas de ingredientes tradicionales resultan indescifrables. La especialista advirtió que la presencia de conservantes químicos, resaltadores de sabor y azúcares ocultos en los paquetes suelen enmascararse detrás de nomenclaturas técnicas o códigos numéricos complejos. De este modo, el sistema de advertencias visibiliza los componentes perjudiciales y, según explicó la profesional, ha permitido “desenmascarar algunos productos considerados fit o considerados saludables que no lo eran, como galletas de salvado o barritas de cereales”.
Frente a las críticas de sectores corporativos que reportan caídas en las ventas y cuestionan el impacto comercial de la medida, los expertos priorizan la soberanía alimentaria de la población. La proliferación de tres o más sellos en un mismo envoltorio delata un alto grado de procesamiento industrial diseñado específicamente para sobreestimular el paladar del consumidor general. Al respecto, la licenciada analizó los efectos colaterales de la exposición continua a estos componentes químicos y remarcó que “cuanto más octógonos tiene ese producto, es un ultraprocesado que ha sufrido intervención industrial para estimular el apetito”.
A pesar de los avances logrados en materia de señalización visual, el sector sanitario coincide en que la legislación actual requiere de un acompañamiento integral en las aulas para consolidar cambios estructurales. La articulación entre el marco regulatorio de las góndolas y los comedores comunitarios o escolares resulta indispensable para deconstruir mitos y promover alternativas de elaboración casera. “Nos faltaría esta articulación entre la ley y la aplicación de la ley con educación alimentaria, compromiso e intervenciones en los diferentes sectores”, señaló Franco sobre los desafíos pedagógicos que restan implementar.
La transición hacia un modelo de alimentación consciente también impulsa el desarrollo de las economías locales e insta a los consumidores a reconectarse con los circuitos de producción regionales. En la provincia, espacios como el Mercado Agroecológico de Tucumán fomentan el acceso directo a vegetales orgánicos y alimentos reales elaborados sin aditivos exógenos perjudiciales. Como balance final de la medida regulatoria, la especialista concluyó con optimismo que la normativa vigente “va a obligar a las empresas a cambiar sus recetas, mejorando los productos para ofrecer alimentos reales y defender al consumidor”.
La nutricionista Constanza Franco defendió el impacto de la ley en la salud pública, destacó su utilidad para desenmascarar falsos productos saludables y abogó por articular la normativa con programas de educación alimentaria en la provincia.
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