Según informó la concejal de la capital Sandra Manzone, en San Miguel de Tucumán, de los más de 600 edificios construidos, al menos 40 se encuentran habitados sin contar con la habilitación pertinente. “Esto atenta contra la seguridad pública”, disparó. Por diferentes motivos, todos estos edificios no cuenta con el Certificado Final de Obra y por lo tanto no pueden ser habitados, tal y como dice la ordenanza 4.639. Esta misma ordenanza estipula multas a las empresas prestatarias de los servicios públicos si realizan las conexiones pertinentes sin constatar el CFO.
No obstante, desde la Municipalidad se registraron casos en que los propietarios (de las inmobiliarias) burlaron a las empresas con certificados falsificados. Tal es el caso del edificio de Barenbreuker & asociados de calle Las Heras 252, en donde se trabó un embargo de $800 mil a la empresa Gasnor por conectar el servicio sin contar con el Final de Obra.
“El Certificado Final de Obra es el paso previo y necesario para la escrituración definitiva, por lo tanto ninguna de las personas que ya abonaron la totalidad de los pagos podrá proclamarse propietario si la empresa no regulariza la situación del edificio, lo que constituye un daño patrimonial hacia las personas”, sostuvo Manzone.
En este contexto, mencionó el edificio de la empresa Grandi de calle Salta 660, “en donde se construyeron dos torres de 15 pisos cuando el proyecto aprobado no habilitaba más de 10 pisos, por lo que no contará nunca con el CFO”. “Esto considera un importante daño patrimonial para los adquirentes de buena fe porque no podrán obtener nunca la escritura de esas propiedades mientras no cuenten con el Certificado Final de Obra”, agregó.
En este marco, la municipalidad tiene el ojo puesto en las empresas Grandi, de Miguel de la Cruz Grandi, Barenbreuker & asociados, de Otto Barenbreuker y Mas y Rovira, tres de las constructoras más importantes de la provincia que aplican el sistema de venta en pozo a través de fideicomiso, por violar en muchos casos el Código de Planeamiento Urbano Municipal.
Del total de las construcciones en la mira, al menos la mitad (20 edificios) pertenecerían a la empresa Mas y Rovira, “en sus diversas modalidades y nombres de fantasía, o cambio de sociedades”, contó Manzone. “La situación más preocupante es la de las personas que vendieron sus pertenencias para invertir en un hogar y que se vieron truncados por la actitud de estos empresarios”, agregó y recomendó “a las personas que se encuentren en esta situación realizar las denuncias penales y civiles que correspondan”.
Por último, aclaró que la Municipalidad constantemente envía inspectores para constatar el cumplimiento del Código de Planeamiento y recordó que en el año 2014 el Concejo Deliberante aprobó una moratoria administrativa, edilicia y de infraestructura, que se extendió por un año desde su sanción, para que se regularice la situación de todas las construcciones horizontales que no cumplan las normativas reglamentarias y que no se anotó ninguna empresa. “Queremos saber que se esconde detrás de estas obras y quiénes están protegiéndolos”, sentenció.
