El conflicto entre el municipio y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales por el estado del edificio en donde funciona el Tribunal de Faltas y la Dirección de Educación de la Municipalidad capitalina (Jujuy 252), sumó este lunes un nuevo capítulo: los empleados de esas reparticiones realizaron un nuevo paro para reclamar al Intendente Germán Alfaro que mejore las condiciones en las que trabajan.

“Estamos todos hacinados dentro de un galón en donde no se puede trabajar por el calor que hace. Y más grave aún es que se nos están cayendo los focos en la cabeza”, sostuvo Rodolfo Suárez, delegado en el Tribunal Municipal de Faltas, al tiempo que explicó que los trabajadores vienen denunciando desde hace más de un año que el edificio se encuentra en pésimas condiciones.

Cabe recordar que en marzo del 2017, el SOEM había logrado que la Justicia ordene que se derrumbe y reconstruya parte del edificio en cuestión. Mientras tanto, las actividades habían sido suspendidas, lo que generó un conflicto con el Municipio porque pretendían descontar a los empleados los días no trabajados, acusando que las medidas de fuerza eran netamente políticas. Finalmente, el sindicato término ganando esa pulseada.

“Esto que venimos denunciando no es nuevo, ni tiene tinte político. Lo venimos haciendo desde hace muchos años, solo que ahora hemos logrado sanear el sindicato y tenemos más fuerza”, comentó Osvaldo “Cacho” Acosta, secretario general del SOEM. Y añadió: “esta no es la única repartición que tiene estos problemas. Casi todos los edificios municipales tienen algún problema de infraestructura”.

En cuanto a los empleados de la Dirección de Educación, desde el sindicato aclararon que en los próximos días esa repartición será trasladada a una oficina en Gral. Paz al 700.

Por otro lado, desde el SOEM le reclaman al mandatario que priorice a los hijos de los trabajadores a la hora de contratar personal para la Municipalidad. En este marco, denuncian que Alfaro reemplaza a algunos empleados de la Municipalidad con pasantes y firma contratos de servicios por $40 mil a personas afines a su gestión. “El señor Intendente ignora a los hijos de los municipales que deberían tener prioridad para ingresar al sistema y contrata personas ajenas por montos que ningún municipal percibe”, sentenció Suárez.

Cabe recordar que la ordenanza 1.611, que data de 1997, garantiza la prioridad de los hijos de los municipales en el ingreso a las distintas reparticiones.