A partir del DNU 373/2025, publicado en el Boletín Oficial el pasado 2 de junio, el Gobierno nacional modificó a la Ley de Situación de Calle y Familias sin Techo (27.654) para delegar el financiamiento de la red nacional de centros de integración social con atención las 24 horas a las provincias.
La iniciativa había sido sancionada el 9 de diciembre del 2021 por impulso del Frente de Todos -el proyecto de ley lo presentó el exdiputado nacional Federico Fagioli, legislador que respondía a Juan Grabois- y resultó aprobada de forma unánime en ambas cámaras.
En medio de la ola polar que azota a la Argentina, la diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria – Entre Ríos) cuestionó que “el Gobierno nacional delegó toda responsabilidad a las provincias y se borró de una política que debería ser nacional, integral y urgente”. Si bien el decreto también hizo modificaciones técnicas como cambiar la autoridad de aplicación que antes era el Ministerio de Desarrollo Social y ahora lo es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo la órbita de Capital Humano, el cambio central fue el pase de competencia nacional a provincial.
Ante esto, Blanca Osuna apuntó contra Sandra Pettovello, quien firmó el decreto 373 junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “Mientras miles de familias duermen a la intemperie, el Ministerio de Capital Humano cierra programas y habla de lineamientos”. Y cargó que “la crudeza del invierno no espera lineamientos: mata. Esto no es solo abandono. Es crueldad institucional”.
La ley modificada estableció la creación de una red nacional (que deja de ser nacional y ahora estará bajo la supervisión de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires) de centros de integración social con atención las 24 horas con espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral. También creó el sistema nacional de atención telefónica y atención móvil para intervención inmediata (108).
Además, definió que sería de carácter obligatorio la capacitación a todas las personas que intervienen en la atención de personas en situación de calle y obligaba al Estado a realizar acciones para la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal, partida de nacimiento, documento nacional de identidad, CUIL y CUIT y toda documentación que sea tendiente al reconocimiento de su identidad.
El autor de la norma, Federico Fagioli hoy legislador bonaerense, había señalado el pasado 2 de junio que “Milei terminó de sentenciar a las personas en situación de calle”. Y explicó que "en el DNU se nombran varias leyes que existen a nivel provincial y está perfecto que existan pero la ley nacional es necesaria porque es una problemática que se desarrolla a lo largo y ancho de nuestro país".
