En el marco de la Emergencia Carcelaria que rige en la provincia, el Poder Ejecutivo propuso instalar nuevos tanques de agua y ampliar la capacidad del penal, además de construir espacios para formación educativa y de oficio.

Según informaron desde Institutos Penales, “se encuentra en proceso de construcción un tanque de agua elevado con capacidad para 140 mil litros. A esto se suma una cisterna con capacidad para 40 mil litros”. Con esta obra, que debería estar terminada en tres meses, “se solucionaría la provisión a todo el complejo y funcionará dentro de la red contraincendios que abastecerá a todas las unidades del lugar”, indicaron a través de un comunicado.

Por otro lado, también avanzan en la construcción de escuelas con aulas – talleres para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje en un ambiente adecuado.

A su vez, comenzaron a trabajar en ampliar los cupos del Penal, construyendo nuevos espacios de alojamientos para internos, lo que permitirá trasladar a los presos que están en comisarías, los cuales ascienden a 770 según el último informe del Ministerio de Seguridad. Estas obras se suman al nuevo pabellón construido el año pasado para 200 presidiarios. Lamentablemente ese espacio aún no se comenzó a utilizar debido a la falta de capacitación de nuevos guardiacárceles.

De este modo, desde el gobierno se busca solucionar algunas de las tantas violaciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas, que salieron a la luz luego de un duro informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En aquel documento redactado en agosto del 2017, se constataba la falta de acceso a la salud, trabajo, educación, alimentación, así como también las pésimas condiciones materiales de alojamiento.

Se advertía además que las instalaciones se encuentran totalmente deterioradas, incumpliendo las normas mínimas de habitabilidad. Asimismo, se observaron serios problemas de hacinamiento y la utilización de espacios no habilitados para el alojamiento permanente de personas bajo regímenes de aislamiento y sectorización. 

En cuanto a las personas que se encuentran presas en las comisarías, cabe recordar que desde el 2015 está vigente un habeas corpus colectivo, interpuesto por los fiscales Diego López Ávila (IVª Nominación) y Adriana Giannonni (VIIIª Nominación) luego de la muerte de dos presos que se encontraban recluidos en la Brigada Norte en Yerba Buena. Según esa resolución, emitida por la Corte Suprema de Tucumán, constata que en todas las comisarías de la provincia se encuentran recluidos “una cantidad significativamente mayor al número de personas que deberían estar alojadas en las unidades de alojamiento policial”, y en consecuencia “dichas personas se encuentran alojadas en condiciones infrahumanas careciendo de las condiciones mínimas de respeto a la dignidad de la persona humana que violan y amenazan sus derechos fundamentales reconocidos por nuestra carta magna, las leyes y tratados constitucionalizados”.