La quema de caña y pastizales es, lamentablemente, una práctica común en Tucumán durante la época de la zafra. A pesar de estar penada por ley, esta problemática, que representa un peligro para la salud pública y que además genera graves consecuencias energéticas dado que produce cortes en las líneas de media y alta tensión que abastecen a grandes sectores de la provincia, esta lejos de ser erradicada.

La ley provincial 6.253 y su modificatoria, la 7.459, prohíben la quema de caña de azúcar como método alternativo de cosecha (a excepción de la quema controlada). Según explican desde la Dirección de Medio Ambiente dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, esta ley prohíbe de forma genérica la quema de todo tipo de vegetación enraizada, arraigada, aclimatada o seca. Puntualmente en el caso de la caña, la ley establece la creación de un Registro para Productores Cañeros, obligatorio para todos los que quieran hacer uso de la quema como método de cosecha.

El mencionado método debe ir acompañado de un plan de erradicación, que contempla un polémico lapso de 20 años para eliminar esta práctica. Desde la entidad que rige las normativas medioambientales se explica que este lapso, que recibe múltiples cuestionamientos, busca conciliar los intereses ambientales con los intereses de la producción.

Cabe destacar que además de la reglamentación de la mencionada ley n° 7459, el Plan de Reducción de Quema de Caña que propone la Dirección de Medio Ambiente incluye la elaboración e implementación del procedimiento administrativo de multas, así como la recepción de denuncias sobre quema de caña, inspecciones de quema: al azar y ante denuncias de vecinos, el relevamiento catastral de las parcelas quemadas (vuelos de reconocimiento con personal de la Dirección Gral. de Catastro y de la Dirección de Aeronáutica) y la elaboración e implementación del Registro de Productores Cañeros, entre otros.

En diversas oportunidades cañeros denuncian no quemar ellos sino que “vándalos” realizan esta práctica, siendo ellos víctimas de sus juegos dañinos. En este caso existe también una regulación, el decreto nº 795/03 exhorta a los ciudadanos de abstenerse de quemar cualquier tipo de vegetación, incluyendo caña, estando inscriptos o no en el registro que prevé dicha ley en los casos de que se encuentren en un radio de 1 Km. desde los bordes urbanos o estén ubicados en una zona de dominio de cables de alta tensión, que comprende una franja de 12 metros a cada lado de la línea de conducción. También deben abstenerse si se encuentran en un radio de 500 metros alrededor de las subestaciones de energía eléctrica de concesionarias o en un radio de 1 Km. desde el borde perimetral de los aeropuertos y aeródromos.

No obstante, lejos de disminuir, la quema de caña crece exponencialmente año a año. Días atrás, alertados por esta situación, un grupo ambientalista le envió una carta al gobernador Juan Manzur, exhortándolo a incrementar los controles para erradicar la quema de caña y pastizales de manera definitiva.

 “La quema de cañaverales a la fecha ya es una práctica “desaprensiva y criminal”. Se fumiga a la gente como si fuesen insectos, ya a esta altura es un tema dramático que tenemos que lamentar una víctima mortal y varios accidentes en las rutas", reza la misiva redactada por el grupo Conciencia Ambiental, y que concluye con un pedido al  Gobernador para que "tome el toro por las astas de una vez por todas y tome la decisión política cierta de trabajar sobre este drama".