El lunes próximo, los tribunales ordinarios de Córdoba recibirán los primeros amparos individuales y las acciones colectivas en defensa de tomadores de créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

La Fundación Club de Derecho Argentina promoverá las acciones de cuatro familias que soportan situaciones difíciles, debido al aumento sideral de la deuda con los bancos acreedores y del monto de las cuotas mensuales acordadas para la cancelación del préstamo. En un año, el valor de las cuotas aumentó un 100% poniéndolos al borde del remate judicial de sus viviendas.

La medida se promueve “a raíz de la gravísima situación que atraviesan los tomadores de este tipo de préstamos y ante el peligro inminente del inicio de ejecuciones de sus viviendas”. Así lo manifestó la abogada Julia Irazoqui, referente en Córdoba de la citada organización no gubernamental que trabaja en defensa de los derechos de los usuarios y los consumidores.

El año pasado, una pareja que reside en Villa María (140 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba) obtuvo un crédito de 2,3 millones de pesos, a 30 años de plazo. Hoy están desesperados ante la imposibilidad de hacer frente a esa obligación. "Necesitamos de la ayuda de alguien que le ponga freno a esta locura", dijo Noelia Meza y expuso que la cuota inicial fue de 9.600 pesos mientras que la de mayo último le llegó por 18.600 pesos. Ese monto se lleva más del 40 por ciento del sueldo del matrimonio.

A todo esto, pese a los pagos efectuados hasta el momento, el capital adeudado asciende a 3,6 millones de pesos.

Otro caso es el de Nora Passero y Ángel Calatroni. El matrimonio vive en Porteña, localidad del departamento San Justo, a 241 kilómetros al nordeste de la capital de Córdoba. En agosto de 2017 tomó un préstamo de 1,3 millón de pesos para refaccionar su casa.

Comenzó a pagar una cuota de 14 mil pesos y la última le llegó por 29.800 pesos, mientras la deuda ronda los dos millones de pesos. En esta provincia, más de 10 mil hogares recurrieron a ese instrumento financiero que el Banco Central (BCRA) lanzó al mercado en abril de 2016 con el propósito de captar el ahorro de las personas y destinarlo a la financiación, a largo plazo, de la adquisición, construcción o refacción de viviendas.

Irazoqui aseveró que, en Córdoba, según el padrón de tomadores de créditos UVA que maneja la Fundación Club de Derecho Argentina, “alrededor del 50 por ciento de los hipotecados está pagando cuotas que tienen un impacto del 40 por ciento en los ingresos familiares”.

Los antecedentes

Los créditos UVA nacieron en abril de 2016, durante los albores del gobierno de Mauricio Macri. Tuvieron su auge a mediados de 2017 y luego comenzaron a decaer.

De acuerdo a información del Banco Central, que comparó febrero de este año con igual mes de 2018, la demanda cayó hasta un 78 %. No obstante, hasta ahora se hicieron unas 110.000 hipotecas.

Las cuotas se ajustan a través de esas UVAs, que evolucionan en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC); es decir, en función de la inflación. Literalmente, una cuota que un año antes rondaba los $ 13.000, ahora se sitúa en unos $ 22.000 (un 60 % más). Los sueldos de los tomadores -en cambio- no se han ajustado el doble.

También el capital se mueve junto a la inflación: un préstamo inicial de $ 2 millones, hoy acumula una deuda aproximada de $ 3,3 millones (un 80 % más).

Ante este escenario, los tenedores de estos créditos han estado pidiendo que se modifique la forma de actualización de la cuota y del capital. Es decir, que el ajuste se haga en función del aumento de los salarios.

Al respecto, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados, que preside el peronista Felipe Solá, debatió sobre diversos proyectos de ley que proponen modificar el sistema UVA. Incluso los bloques de la oposición acordaron un texto unificado, firmaron un dictamen y lo podrán a consideración de la Comisión de Finanzas, cuyo presidente es el oficialista Eduardo Amadeo. Sin embargo, desde abril nada se hizo al respecto.

La intención de los colectivos autoconvocados, que existen en todo el país, básicamente es que se declare la emergencia de los créditos durante un año o mientras duren los niveles actuales de inflación y que se calculen las cuotas con la variación salarial como índice.