En un fallo que acumuló expectativas del Partido Justicialista (PJ) en las últimas semanas, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de 47 intendentes y exintendentes -de la provincia de Buenos Aires y de distintas ciudades del país-, por las irregularidades en el manejo de los Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRRSU). Según la investigación judicial, el fraude al Estado, entre los años 2013 y 2015, fue de 600 millones de pesos. Entre los intendentes involucrados quedó el actual legislador Juan Enrique Orellana, por su participación en los hechos cuando estuvo al frente de la municipalidad de Famaillá.
En tanto, que el legislador provincial, César "Kelo" Dip, exintendente de Lules, quedó afuera de la causa al ser beneficiado por la falta de mérito.
El interés en la causa por parte del PJ estaba dado por la situación de muchos dirigentes bonaerenses quedaron procesados como Francisco "Paco" Durañona (San Antonio de Areco), Ricardo Casi (Colón) y el exjefe comunal de Quilmes, Francisco "Barba" Gutierrez. En la misma situación quedó el actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, exintendente de la localidad de Campo Largo.
Con los votos de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens se consideró que, respecto de casi la mitad de los 92 intendentes que habían sido procesados por el juez federal Claudio Bonadio en febrero de este año no había pruebas suficientes, motivo por el cual se les dictó la falta de mérito.
En esta causa ya tienen procesamiento firme los exjefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández , Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina . Fue iniciada en 2016, a partir de una serie de irregularidades denunciadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas para el tratamiento de residuos -entre 2013 y 2015- de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Los 42 procesados
La Cámara confirmó los procesamientos de Gustavo Karasiuk, Ángel González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andión, Walter Correa, Alicia Leiva, Elba Lezcano, Jorge Armando Batalla, Aldo Adolfo Leiva, Maria Susana Simonofski, Oscar Alberto Nievas y Carlos Gerardo Palacios.
También de Lorenzo Heffner, Hector Justino Vega, Carlos Antonio Ibañez, Estela Carina Mitoire, Alfredo Osvaldo Zamora, Raul Alberto Cantín, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Racca, Roberto Gustavo Dehesa, Hector Carlos Godoy y José Antonio López.
La lista se completa con Juan Carlos Balalini, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Castro, Luis Stanicia, Alberto Rodolfo Escudero, Eduardo Leonel Galantini, Diana Edith Argüello, Hermes Armando Bordón, Federico Neis, Ricardo Casi, Hector Anibal Olivera, Jorge Alberto Eijo, Gustavo Walker, Francisco Iribarren, Marta Susana Medici, Ricardo Curetti, Carlos Raciatti, Francisco Durañona y Vedia y Francisco Gutiérrez
Los beneficiados con la falta de mérito
La Cámara dictó la falta de mérito para Eladio Fabián Aguirre, Gerardo Cipolini, Jorge Damián Rodríguez, José Ramón Carbajal, Pedro Ángel Bodnarczuk, Antonio José Rodas, Diógenes Aníbal Requena, Rosario Belkys Ávalos, José Manuel Córdoba, José Ramón Bodlovic, Rafael Williams, Pablo Gabriel Salazar, Mónica Alejandra Stumpo y José Luis Freyre.
También para Guillermo Mario Cornaglia, Fernando Emilio Almada, César Elías Dip, Rodolfo Lino Capellini, Luis Alberto Erro, Horacio Matías Mazu, Juan Carlos Kloss, Rubén Ángel Vázquez, José Luis Dume, Juan Manuel Enrique Pereyra, Ernesto Gabriel Domínguez, Manuel Inza, Pablo Javier Zurro, Alberto Rubén Conocchiari y Celia Ginani de Lafleur.
El lote lo completan Juan Ramón Barrionuevo, Walter Sergio Torchio, Gastón Arnoldo Arias, Néstor Fabián Álvarez, Martín Ángel Caso, Gustavo Guillermo Trankels, Marcos Luis Fernández, Enrique Tkacik, Alfredo Rubén Fisher, José María Medina, Juan Carlos Bartoletti, Gustavo Rodolfo Cocconi y Francisco José Echarren.
La acusación de Bonadio
Según el juez Claudio Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos. "Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado", sostuvo Bonadio en el fallo de 347 páginas.
"Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos", sostuvo el juez.
"Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado", remarcó. El magistrado agregó que tampoco pudieron "explicar porque en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones".
Se trata de un expediente iniciado en 2016 a partir de una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas para el tratamiento de residuos -entre 2013 y 2015- de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete./lanacion.com.ar
