Mientras el Ministerio de la Producción y Trabajo de la Nación debe resolver sobre la legitimidad del dirigente para ocupar el cargo de secretario General de la FEIA, Juan Ramón Corrrea, parece aprovechar el cargo que ostenta para privilegiar a familiares y amigos. Esto se desprende de una nueva denuncia que se encamina a los tribunales penales, ya que en el listado entregado a la provincia para los últimos planes interzafras, que se pagaron en diciembre de 2018 y enero de 2019, fueron beneficiados una sobrina y el yerno de Correa, entre otros tantos que no tienen vinculación con la actividad azucarera.

El esposo de una de las hijas del titular de la FEIA, Leandro Enrique Ovejero Travaini, cobró $ 3.500 en diciembre y $ 3.400 en enero, como obrero de la actividad industrial azucarera. Esto estaría muy lejos de ser cierto, ya que actualmente trabaja bajo relación de dependencia en la Obra Social del Personal de la Industria Azucarea (OSPIA), con un sueldo que superaría los 30 mil pesos mensuales.

En la misma situación se encontraría Jessica Correa, la sobrina del cuestionado dirigente, quien también sería empleada de la mencionada obra social. La mujer percibió durante los meses de diciembre y enero en concepto de plan interzafra $ 3.400 y $ 3.000, respectivamente. 

Esto implicaría un supuesto delito contra el Estado provincial, que a partir de la implementación de estos subsidios intentó paliar la situación económica de los trabajadores de las distintas actividades estacionales que tienen lugar en Tucumán, como son las del limón y el azúcar. 

Entre los 190 beneficiarios que le otorgaron a la FEIA, Correa logró incluir no sólo a su sobrina y a su yerno, sino que además ingresó un grupo de familiares de este último, que no tendrían ningún antecedente como trabajador de la industria azucarera. Mientras un verdadero obrero cobró un plan de $ 1.300 a $ 2.500 los parientes de Ovejero Travaini recibieron unos $ 3.500 pesos por mes.

Así por ejemplo: José María Travaini cobró $3.500 en diciembre y en enero; María Ximena Travaini obtuvo $3.500 en diciembre y $ 3.400 en enero; y Natalia Ovejero Travaini, $ 3.500 en diciembre y $ 3.400 enero.

La generosidad de Correa permitió que un grupo de amigos, los mismos que lo llevaron a quedarse con el sindicato de empleados del ingenio Marapa, hayan percibido la ayuda provincial cuando no cumplían con los requisitos laborales. Este sería el caso de Rodrigo Albornoz, Deolindo Alderete, Roque Arias, Hernán Farías Peñalva, Paula Farías Peñalva, Lorena Lugones, Rimoldi Peñalva y Luciana Tripke, entre otros. Todos ellos recibieron del gobierno 2.500 pesos en diciembre y enero.

Si bien la maniobra habría sido orquestada por Correa, el incidente judicial rozaría directamente al gobernador Juan Manzur, a la secretaria General de la Gobernación, Silvia Pérez y al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, quienes como responsables del Poder Ejecutivo firmaron los decretos 4.580/1 del 21 de diciembre de 2018  y el 174/1 del 29 de enero de 2019 por los cuales se ordenó el pago de los planes intezafra a través de las distintas sucursales de la Caja Popular de Ahorros.

La suerte de Correa

El actual secretario General de la FEIA tiene varios frentes judiciales y administrativos a resolver, vinculados todos ellos a la legitimidad para ocupar el cargo.

La Justicia Federal investiga el supuesto delito de falsificación de documentos con los cuales pudo hacerse de la conducción del sindicato del ingenio Marapa, cuando nunca había trabajado en esa fabrica azucarera. Para ello, habría contado con la colaboración de un ex empleado del Ministerio de Trabajo, Oscar Regalado, que aportó los nombres y algunas personas para el armado de la lista que votó a favor de Correa.  

Mientras que el Ministerio de la Producción y Trabajo, debe resolver los diversos cuestionamientos realizados por los dirigentes de la FEIA que hoy están enfrentados con Correa. Es que más allá de la certificación de autoridad que obtuvo gracias a los contactos que el abogado Alvaro Contreras desplegó en el organismo nacional, la elección de Correa habría tenido origen en un ilícito.

Precisamente todos esos antecedentes pasaron los distintos estamentos de la cartera laboral, sin haber sido observados por el subgerente de Relaciones Laborales, Hernán Crosetti, quienes quedó bajo sospecha, según Rodolfo Reinoso, dirigente obrero del ingenio Aguilares, uno de los que denunció a Correa.