El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, fue denunciado este viernes por el referente disidente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Gustavo Salas Correa, por “incumplir los deberes inherentes a su cargo” al nombrar como personal del Ministerio del Interior, con rango de subsecretario, al secretario general del gremio estatal, Marcelo Sánchez, ha habida cuenta de que el dirigente ya tenía un nombramiento en la Legislatura.
“Esto viola la Constitución provincial y la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Es un acto manifiesto de inmoralidad por parte del titular del Poder Ejecutivo”, expresó Salas Correa en diálogo con Primera Fuente, al analizar los argumentos que expuso en el documento con el pide que se inicie juicio político al mandatario.
Según reza el escrito que ingresó este viernes en la Legislatura, Manzur "incurrió en un acto de ineficiencia o corrupción extrema” cuando firmó el decreto con el que designó el 30 de diciembre de 2015 a Marcelo Sánchez como personal del Estado, que luego ratificó en otro decreto en noviembre de 2019.
“En el momento de su designación en el Poder Ejecutivo, Sánchez ya contaba con un cargo en otro de los poderes del Estado, la Legislatura, donde figura como empleado categoría 1. Ninguna persona puede tener dos cargos y cobrar dos sueldos del Estado. Eso supone una incompatibilidad legal y es lisa y llanamente un fraude a la administración pública”, explicó el Dr. Gustavo Morales, representante legal de Salas Correa.
Entre los considerandos, la misiva detalla que se trata “de un claro supuesto de <<mal desempeño>> que tiene su tipificación normativa en el artículo 47 de la Constitución de la Provincia de Tucumán como <<falta de incumplimiento de los deberes de su cargo>>”. Por tal motivo, sostiene, “Manzur debería ser destituido de su cargo”.
Por otro lado, en la denuncia se señala como agravante que la Secretaría de la Gobernación mensualmente entregaría a ATE la suma de $ 1,4 millón a título de compensación, lo cual asegura Sala Correa “está prohibido por la ley de asociaciones sindicales”. Según expone en la presentación, el gobierno habría otorgado esta suma para ayudar al gremio en un contexto de “crítica situación económica”. “Están recibiendo algo que no corresponde, que ni siquiera sabemos para qué es. Eso es un delito”, sentenció.
