El gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo se refirieron a la aplicación en Tucumán de la nueva Ley Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad para adolescentes de 14 y 15 años. Los mandatarios realizaron las declaraciones durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Jaldo señaló que la normativa nacional ya se encuentra vigente en Tucumán y explicó que el Poder Ejecutivo analiza, junto con los distintos organismos judiciales, la necesidad de adecuar aspectos particulares de su implementación en la provincia.

El mandatario estuvo acompañado por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el jefe de Policía, Joaquín Girvau; y el director del Archivo Histórico de la Provincia, Javier Critto. 

Al referirse a la aplicación de la nueva normativa frente a hechos delictivos cometidos por menores, Jaldo sostuvo que Tucumán cuenta con las condiciones necesarias para avanzar con su implementación.

“Hoy la ley está vigente. Seguramente, vamos a tener que sacar algunas leyes para complementar la normativa nacional y readecuarla a algunas situaciones particulares de nuestra provincia. Hay que analizar y consultar en qué medida el Poder Judicial la está aplicando, porque hubo algunos delitos causados por menores en estas últimas horas que tienen que ser sancionados con la ley nacional”, sostuvo. 

El mandatario también destacó el nuevo esquema de responsabilidades que contempla la legislación para los adultos responsables de menores involucrados en hechos delictivos.

“En uno de esos delitos, al resarcimiento lo pagaron los padres del menor. Entonces, los padres van a empezar a tener una responsabilidad fundamental en los delitos que cometan sus hijos menores de edad, que hasta antes de la sanción de esta ley los padres se lavaban las manos. Si bien el delito del menor era y es problema del Estado, porque es el que tiene que aplicar la justicia y las sanciones, también están involucrados los padres”.

Jaldo remarcó que la aplicación de la normativa debe contemplar medidas acordes con la gravedad de los delitos y con la protección de las víctimas y sus familias.

    "No podemos permitir que porque sean menores de edad desintegren familias, que no se recuperan más, y asesinen gente; que estos menores anden sueltos a la calle o estén con una prisión domiciliaria luego de haber quitado vida. En Tucumán vamos a fondo con la ley de baja de imputabilidad. Seguramente hay que complementarla con determinadas cuestiones”.

El Instituto Cura Brochero, preparado para la nueva normativa

El Gobernador también vinculó la aplicación de la nueva legislación con la infraestructura disponible para el alojamiento de adolescentes que cumplan condenas. En ese marco, destacó la creación del Instituto Cura Brochero dentro del complejo penitenciario Benjamín Paz. 

Jaldo explicó que la provincia anticipó una necesidad que ahora resulta central para la implementación del nuevo régimen penal juvenil: contar con un espacio específico para adolescentes que no pueden ser alojados en unidades penitenciarias.

“Somos visionarios porque hemos creado el Instituto Cura Brochero, porque los menores no pueden ir a un servicio penitenciario, los menores tienen que ir a un instituto. Por eso, junto con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Desarrollo Social le hemos dado un espacio físico donde tenemos capacidad para albergar a 100 menores”.

El mandatario sostuvo que disponer de establecimientos específicos constituye una condición para que las provincias puedan aplicar la legislación y señaló que estos espacios deberán incorporar herramientas de educación y reinserción social.

“Hay que tener un instituto específico para esa tarea, que es albergar a los menores que cumplen las condenas, y, por supuesto, también con programas de reinserción, de educación, de recuperación y todo lo que sea necesario”.

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo informó que ya se desarrolló una instancia de trabajo conjunta entre representantes de los poderes del Estado y distintas áreas del Ejecutivo para analizar la adecuación de la legislación en Tucumán.

“Con relación al tratamiento de la ley, nosotros hicimos una reunión inédita en el Poder Judicial, donde nos reunimos legisladores, jueces y fiscales, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, para tener un panorama bien amplio de las cosas que nosotros debemos adecuar en la provincia”.

El vicegobernador planteó la necesidad de contemplar las características propias de Tucumán al momento de adecuar la normativa y señaló el rol que tendrá el Ministerio de Desarrollo Social.

    “No es lo mismo una aplicación para los menores de la provincia de Buenos Aires que para un menor acá en Tucumán. En ese sentido, y teniendo la visión que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de lograr un instituto que procure una reinserción en la sociedad, hemos trabajado ya”.

Finalmente, el Vicegobernador anticipó el objetivo de avanzar con el tratamiento legislativo durante septiembre: “La idea es que en la próxima sesión, que se realice el 20 de septiembre, pueda contar con esa ley”.