En primer lugar la especialista explicó que el decreto restituye los artículos de la ley Argentina Digital (año 2014) derogados por Mauricio Macri a través de otro DNU, los cuales le devuelven al Estado dos potestades que perdió durante el gobierno anterior: controlar las condiciones de prestación de los servicios, para que estos sean eficientes y se generen condiciones de igualdad; y la regulación de los precios, para que sean justos y razonables.

Por otro lado, aclaró que el DNU zanja una discusión que se viene desarrollando desde 1972, cuando la vieja ley de telecomunicaciones estableció como servicio público a la telefonía fija. Para la especialista lo lógico es que, en el momento en el que la telefonía móvil reemplazó a la fija, esta se debía haber convertido en servicio público. Sin embargo, por presión de los prestadores privados, se lo venía excluyendo en este sentido.

Consultada sobre la críticas de la oposición, desde donde cuestionaron que la medida haya sido adoptada por DNU, Segura consideró que “es de un nivel de caradurismo importante que quienes fueron gobierno y utilizaron un DNU para derogar una ley sancionada por el Congreso, ahora intenten deslegitimar la medida justamente por tratarse de un decreto”.

No obstante, manifestó que “es necesario que este tipo de medidas sean sancionadas por el Congreso”. “Hemos cuestionado y criticado que el gobierno anterior haya tomado la decisión de modificar las políticas en materia de comunicación sin pasar por el Poder Legislativo. Ahora esperamos que este decreto sea ratificado por ley del Congreso”, agregó.

En cuanto a la regulación de las tarifas y de las condiciones de prestación, Segura sostiene que no es ninguna novedad en el país y que no debería generar complicaciones. “Tenemos muchos ejemplos de servicios públicos que son prestados por privados y que funcionan desde hace décadas. A nivel internacional también son múltiples los ejemplos en este sentido, tanto en plano de la comunicación como en otros rubros”.

También rechazó el argumento de que regular los precios ahuyenten las inversiones. “La experiencia en el país y en el mundo echa por tierra ese argumento. Mientras estuvo en vigencia la ley Argentina Digital se expandieron las inversiones privadas en todo el país”, sostuvo y ejemplificó con el caso de la llegada de la red 4G al país, la cual fue licitada en el 2014 y entró en operaciones en el 2015. “Eso se hizo en un marco similar al que plantea el DNU y fueron muchas las inversiones que se dieron en ese período”, argumentó.

Por otro lado, la investigadora hizo referencia a las “alarmantes” asimetrías en cuanto al acceso a los servicios de telecomunicación y al respectó señaló que en Argentina un tercio de los hogares no tienen conexión a internet y que al menos la mitad de las provincias tiene entre un 50% y 60% de hogares sin posibilidades de conexión.

En cuanto a la telefonía móvil, describió que si bien existen más celulares que personas (56 millones de líneas para 44 millones de habitantes), la influencia de los planes prepagos, que son a los que suelen acceder los sectores de menor poder adquisitivo y que además son los más caros, es muy importante. “Tenemos un sistema de financiamiento de la telefonía que hace que los sectores populares mantengan a los sectores de mayor poder adquisitivo. Es un sistema tremendamente desigual e injusto”, apuntó.

“Esperamos que este decreto sea el puntapié inicial de una diagramación de políticas en telecomunicaciones que avancen hacia un sistema más justo, igualitario e inclusivo”, sentenció.