Paulina era estudiante de la carrera de Comunicación Social. El 25 de febrero de 2006, a la noche, salió a festejar con sus compañeras porque había aprobado una materia. Desde la mañana siguiente no se supo más nada de ella. Dos semanas después su cuerpo apareció en un descampado cerca del ingreso a Tapia, a la vera de la ruta 341.

Gracias a la lucha de su padre Alberto Lebbos se logró develar el entramado de encubrimientos a los asesinos, organizado por altos mandos de la Policía y del Ministerio de Seguridad de la provincia. Además, puso contra las cuerdas a uno de los tres fiscales que “investigó” el caso, Carlos Albaca, quien está próximo a sentarse en el banquillo de acusados por encubrimiento agravado. En ese juicio se espera que brinde testimonio el senador Alperovich. Las expectativas de la querella son que en la sentencia el Tribunal ordene la apertura de una investigación en contra del exgobernador, a quien Alberto acusa desde el primer momento de proteger a los asesinos de su hija.

Hasta el momento se hicieron dos juicios, ambos por el encubrimiento del crimen. En febrero del 2019 fueron condenados 4 ex funcionarios del gobierno de José Alperovich: el ex secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Di Lella -6 años de prisión-; el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez -6 años de prisión-; el ex subjefe de la fuerza, Nicolás Barrera -5 años y 6 meses de prisión- y el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito -5 años de prisión; a ellos se sumó el policía retirado Hugo Waldino Rodríguez - tres años de prisión condicional-.

En 2013 ya habían sido juzgados también por encubrimiento agravado los policías que intervinieron en el hallazgo del cuerpo de Paulina: el comisario Enrique García (jefe del destacamento de Raco) -condenado a cinco años de prisión-, el oficial Manuel Yapura -cuatro años de prisión- y Roberto Lencina –dos años de cárcel-, por haber sido encontrados culpables de haber falsificado las actas del procedimiento.

La sentencia del segundo proceso, en el que se juzgó a la cúpula de la fuerza policial y del Ministerio de Seguridad de la gestión alperovichista, obligó la renuncia del jefe y subjefe de Policía del primer gobierno de Juan Manzur, José Díaz y Francisco Picón, quienes ahora podrían ser investigados por una presunta participación necesaria en el encubrimiento. Ambos exfuncionarios habían firmado la reincorporación y ascenso del condenado comisario García.

“Yo sostengo que se han movilizado los tres poderes del Estado para garantizar la impunidad del crimen de mi hija. El clan Alperovich/Rojkés en el Ejecutivo, Sisto Terán y otros legisladores que se negaron a llevar a juicio político al corrupto de Albaca y al ex jefe fiscal Luis Di Mitri (ya fallecido) y los fiscales que diseñaron este entramado de impunidad. Espero salga todo a la luz y todos estos delincuentes vayan presos”, sentenció Lebbos.