El embajador itinerante de Uruguay, Julio Baráibar, renunció este miércoles tras admitir un "intento de soborno" que luego rectificó, y que se habría producido durante negociaciones para atribuir el dragado de un canal en el Río de la Plata compartido con Argentina.
"Vengo a expresar que mis dichos relacionados a un intento de cohecho vinculados a un episodio que habría involucrado a un representante de una empresa privada y a un funcionario del Gobierno uruguayo ocurridos hace unos años se basaron en comentarios que llegaron a mis oídos", señala la misiva de renuncia publicada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
Estos dichos "obedecen a un error atribuible solamente al suscripto. En consecuencia, el mencionado episodio no involucra en forma alguna al Gobierno de la República Oriental del Uruguay ni al de la República Argentina".
Baráibar indicó que presentó su renuncia porque "no dar un paso al costado podría afectar las relaciones bilaterales entre ambos países hermanos y dañar la imagen del Gobierno" uruguayo.
Las declaraciones de Baraibar fueron relativizadas por el vicecanciller uruguayo, Roberto Conde, un rato después al señalar que lo único que existe es "una transmisión oral a un funcionario de la CARP (Comisión Administradora del Río de la Plata) que dice haber recibido una versión de una persona externa sobre presuntos arreglos, eso cuando la delegación uruguaya lo conoció lo dejó registrado en actas".
Baraibar, hombre de confianza del presidente uruguayo, José Mujica, había señalado muy poco antes este miércoles a la radio Uruguay que "hubo un intento de soborno hace dos años" en el marco de las negociaciones para decidir a qué empresa se atribuía el dragado del río compartido.
El lunes, el gobierno argentino había solicitado a Uruguay la realización de una auditoría conjunta de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP, binacional) para despejar las dudas sobre versiones publicadas por el diario El Observador de Montevideo, sobre supuestos hechos de corrupción en el mantenimiento del dragado del canal binacional Martín Garcia.
Uruguay respondió un día después fijando un "plazo máximo" de 60 días para que se expidiera una comisión investigadora. El canciller uruguayo Luis Almagro le envió una carta a Timerman, luego de que éste solicitara la auditoría especial conjunta ante las "graves, sorpresivas y reiteradas" denuncias respecto a presuntos hechos de corrupción.
"Con la mayor preocupación vemos que intereses esenciales del Uruguay se ven seriamente afectados a partir de una decisión que pospone en el tiempo el cumplimiento de un cronograma para el dragado de profundización del citado canal (Martín García)", había expresado Almagro.
Baráibar señaló luego que para el gobierno uruguayo el intento de soborno "es historia" porque había sucedido "hace dos años" y que, por lo tanto, "no comparte" los términos del pedido de Timerman porque "se hizo eco de los dichos de un diputado opositor y no creo que sea la manera de resolver el tema".
Según el embajador y además asesor presidencial, el cuestionamiento que hace la Argentina atrasa todo el proceso de la licitación del dragado del canal Martín García, una obra que Uruguay considera fundamental.
"Fue un diputado joven que sale poniendo arriba de la mesa un tema viejo, donde realmente todo el conocimiento que se tiene es cuando las personas involucradas denunciaron que hubo un intento de soborno dos años atrás. Y, por supuesto, denunciado ante el ministro Almagro en su momento", dijo Baraibar.
Finalmente, el funcionario rectificó este miércoles sus dichos, pero ya era tarde. Más aún, cuando la semana pasada el canciller uruguayo había negado la denuncia del intento de soborno.