El dirigente explicó que durante el gobierno del genocida Antonio Domingo Bussi, se emitió un decreto imposibilitando de estos derechos a unos 900 trabajadores de diferentes organismos que hoy están privatizados.
Durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem, un total de 67 empresas públicas fueron privatizadas. Muchas de ellas de gran importancia estratégica para el Estado. A su vez, el proceso privatizador fue llevado a cabo bajo la supervisión de los organismos financieros internacionales como el FMI (Fondo Monetario Internacional), el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o el Banco Mundial. La ley de reforma del Estado habilitó el desarme de las empresas del Estado y preveía la participación de los trabajadores con un capital accionario dentro de ellas.
“En todo el país, miles de trabajadores fueron excluidos del mecanismo de pago del Programa de Propiedad Participada de las empresas privatizadas” comentó Chimirri, quienes al día de hoy no cobran lo que la ley establece. Por esta razón es que decidieron tomar medidas, “la semana pasada charlamos con la Diputada Victoria Tolosa Paz, quien se encargará de presentar el proyecto de ley de resarcimiento económico para todas las familias damnificadas por las privatizaciones”.
Para finalizar Chimirri comentó que “en muchos casos, los trabajadores no pudieron retomar su formalidad laboral y muchos no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse”, y que quienes sí lo hicieron “acceden a una jubilación mínima”. manifestó.
