El kirchnerismo presentó este lunes una docena de proyectos de leyes sobre comunicación digital, que entre otras cosas regulan la publicidad oficial, gravan a las plataformas digitales y las obligan a ofrecer producción nacional.
Las iniciativas fueron presentadas en un acto liderado por
los diputados del Frente de Todos Pablo Carro y Florencia Lampreabe,
autoridades de la comisión de Comunicación.
Asistieron un centenar de invitados entre académicos,
asociaciones de medios y periodistas como Nancy Pazos y Chintia García,
identificada con el kirchnerismo, que consideró necesario sumar al debate al
Grupo Clarín por su cercanía con la oposición.
No hubo alusiones directas a controlar "los discursos
del odio", pero sí a la posibilidad de combatirlos con más regulación de
plataformas y una distribución de la pauta publicitaria menos enfocada en las
audiencias.
"Los discursos de odio tendrían menor circulación si
hubiera más voces y si esas voces fueran más plurales y más diversas",
señaló Carro, quien preside la comisión de comunicación, pero aún no tiene un
cronograma de tratamiento de estas leyes.
Lampreabe anunció que antes realizará audiencias en
diferentes partes del país, una recorrida similar a la que precedió a la ley de
medios sancionada en 2009 y derogada parcialmente por Mauricio Macri, quien
también borró gran parte de la regulación de telecomunicaciones de 2014,
denominada "Argentina digital", y nunca tuvo consenso para sancionar
una nueva.
Se propone que sólo el 50% de la pauta publicitaria sea
repartida por audiencia y el resto en su mayoría a medios chicos y
comunitarios. Y avanza en una regulación de las plataformas de internet, con
impuestos y cuotas obligatorias de producción nacional.
El kirchnerismo busca recuperar esas normas y avanzar en la
regulación de los principales actores de la comunicación de esta época, como
son los proveedores de telecomunicaciones y las plataformas que comercializan y
distribuyen contenidos en todo el mundo. La ley de medios no las tuvo en cuenta
y quedó vieja.
De esta manera, si las normas prosperaran los actores
locales de la comunicación digital tendrían motivos para protestar, pero
también para celebrar. Por caso, Telecom debería adaptarse a las regulaciones a
las telecomunicaciones, pero su oferta audiovisual (Canal 13) dejaría de sufrir
competencia desleal de las plataformas digitales.
Entre los expositores hubo representantes de cooperativistas
y medios digitales chicos que ante un púbico identificado con el kirchnerismo
reclamaron priorizar la regulación de plataformas y bajarle el tono a la pelea
con los monopolios mediáticos tradicionales.
Lampreabe destacó la necesidad de una reforma integral.
"Es importante que avancemos en la presentación y debate de proyectos que
contemplen el estado actual del sistema de medios. Se trata de un puntapié que
entiende que la comunicación es un derecho y no un negocio".
El proyecto de regulación de publicidad oficial, firmado por
Carro, restringe al 50% del total la asignación por alcance del medio o soporte
y obliga a considerar para repartir el resto la pertinencia del mensaje, zona
geográfica, fomento del federalismo y de las pequeñas.
Un 20% se asignaría a microempresas de comunicación y otro
20% "al fomento de la pluralidad de voces", entendida como tal a
"medios comunitarios, cooperativos, pueblos originarios y
universitarios".
"Necesitamos cambiar y pasar de una etapa defensiva a
la ofensiva. No hay posibilidad de que tengamos una democracia potente en
Argentina si no hay democratización de la comunicación", sostuvo Carro.
El cordobés también presentó un proyecto de ley para asignar
recursos o beneficios impositivos a "emprendimientos que presten servicios
periodísticos" y sean "organizaciones sin fines de lucro o micro o
pequeños comerciales". Se financiarían con el 5% del IVA a "servicios
digitales de información, servicios audiovisuales y de publicidad realizados
por prestadores extranjeros".
Otro proyecto retoma los parámetros del DNU 690 de 2020 que
la justicia declaró inconstitucional y define a las telecomunicaciones como “servicio
público estratégico y esencial en competencia", lo que permite una
regulación de precios mediante audiencias públicas.
Y con ese instrumento, Lampreabe se propone una prestación
básica de internet, fija o móvil, junto al servicio de telefonía fija y de TV
por cable, financiada con los aportes de las licenciatarias que desempeñen
actividades en el territorio argentino y posean más del 30%.
El paquete incluye una ley para regular la comunicación
audiovisual de plataformas digitales (OTTs). Se las obliga a tener al menos un
20% de su oferta en industria nacional y a pagar el gravamen de los servicios
audiovisuales tradicionales del 6% de la facturación a las extranjeras y 3% a
las nacionales. No se crea un nuevo impuesto.
En otra iniciativa de Lampreabe grava con un 5% de la
facturación a prestadores extranjeros de servicios audiovisuales digitales a
demanda, se impone la obligatoriedad del cobro en moneda nacional y se crean
cuotas de pantalla (50% para tv por suscripción y 25% para plataformas) y un
catálogo de audio para los servicios de música del 30% para el contenido
nacional.
El 25% de los recursos del Fondo se destinarían al INCAA y
el 60% a proyectos nacionales producidos y desarrollados fuera del área
metropolitana, regulados por la ENACOM.
Pero la mayor regulación a las plataformas aparece en la ley
de servicios digitales, que propone gravar todas las actividades digitales que
actúan sin ningún tipo de control con sociedades comerciales radicadas fuera el
país.
Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AirB and B, están entre
las alcanzadas, a partir de tareas como "la publicidad en línea a través
de motores de búsqueda y redes sociales, la intermediación en la venta de
productos y servicios mediante plataformas digitales y la comercialización de
datos de personas usuarias".
Pagarían un "impuesto a los servicios digitales
extranjeros", que consistiría en el 3% de la facturación bruta de aquellas
empresas que lleven a cabo operaciones de publicidad online, intermediación
digital y comercialización de datos y facturen al menos 1000 millones de
dólares anuales a nivel global.
El proyecto de Lampreabe, tal vez el más ambicioso, delimita
los servicios digitales con definiciones que debería aplicar la AFIP como
"contenidos digitales, IP, interfaz digital, servicios digitales,
servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea,
servicios de transmisión de datos y personas usuarias".
Y si bien ninguna iniciativa menciona a los discursos del
odio en las redes, principal fuente de distribución del mensaje político, hay
una que incorpora las plataformas al ámbito de aplicación de la defensoría del
público, que creó un Observatorio de la desinformación y la violencia
simbólica, el Nodio. Se ampliaría a las plataformas digitales.
Los otros proyectos de ley son el uso gratuito de plataformas del estado, la reducción del IVA para micro, pymes y cooperativas, para que vuelva a ser de 2.5%; la construcción de un fondo fiduciario para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios; y la declaración de interés de las radios universitarias. Todavía no tienen fecha de tratamiento./Fuente: Lapolíticaonline