Todo comenzó el pasado domingo cuando una mujer radicada en Famaillá y un hombre dedicado a prestar
servicios como técnico informático mantuvieron una fuerte discusión en la vía
pública, en la noche del domingo último. La joven le reprochaba que éste de
tener en su poder grabaciones íntimas a las cuales había accedido por las
cámaras de seguridad de su casa. Personal policial intervino en la pelea y
trasladaron a ambos a la comisaria de la ciudad. Allí, la joven realizó una
denuncia formal contra el sujeto de 36 años.
Según su presentación, todo comenzó con la decisión de
instalar cámaras de seguridad en su vivienda, para lo cual contrató los
servicios del especialista, que le pidió acceso a su cuenta de Google para la
configuración. Luego la víctima aseguró que la ex pareja del acusado, le contó
que había visto archivos suyos en la computadora del técnico.
Cuando se desarrollaba el trámite en la dependencia policial,
otras tres víctimas (todas jóvenes mujeres de entre 20 y 23 años) se
presentaron para realizar demandas similares contra la misma persona. En sus
exposiciones señalaron que el individuo había hackeado sus teléfonos y redes
sociales, accediendo a contenidos íntimos. Ante esa situación, el sospechoso
terminó amenazando a las víctimas con publicar el material obtenido de manera
ilegal.
Por este hecho tomó intervención la Unidad Fiscal de
Decisión Temprana del Centro Judicial Monteros, a cargo de Marcelo Leguizamón,
quien ordenó la inmediata aprehensión del sujeto.
Situación procesal
En cuanto a la calificación legal, Leguizamón indició que
hasta el momento la carátula encuadraría en sustracción de información íntima,
amenazas y coacción. “Estamos en una etapa incipiente de la investigación, en
la que todavía faltan elementos que nos permitan determinar el daño real
sufrido por las víctimas y el delito cometido por el acusado, ya que nuestra
legislación no contempla un tipo penal específico”, señaló el fiscal. En este
sentido, adelantó que todas la evidencias recogidas serán analizadas por
peritos informáticos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
“La idea es establecer cuándo y de qué manera sucedieron los hechos y, si
además de poseer el material, el mismo era distribuido a través de la red, con
la cual se ampliaría la acusación”, concluyó.
