“Hay que preguntarse qué hace esta criatura de 11 años fuera de la casa, dónde están los padres. Pero hay cuestiones que el Estado no se puede hacer responsable, cuestiones muy internas que son propias de la familia. El padre o la madre tienen responsabilidad sobre ese chico pequeño de 11 años. ¿Qué hace en la calle? ¿qué hace ligado al uso de armas?”.

Seguramente muchos se plantearon lo mismo al ver las noticias sobre el crimen, ocurrido por allá en el año 2018. Seguramente muchos lo volvieron a pensar cuando a principios de este año una Corte dividida decidió que había que volver a escuchar los testimonios de quienes defendían a los asesinos. Más aún, algunos todavía lo piensan hoy, a pesar de haber escuchado una y otra vez que a Facundo lo mataron por la espalda, que nunca tuvo un arma y que no era un delincuente.

La cita que introduce la nota podría referenciar a mucha gente, pero no proviene de cualquier persona. A esas palabras las pronunció el por entonces ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Maley, mientras, en declaraciones radiales, profesaba una férrea defensa de la versión policial de lo ocurrido en la madrugada del 8 de marzo del 2018. Ese niño de 12 años no tenía nada que hacer ahí, estaba armado, disparó primero y la policía obró conforme reglamento.

Unos meses después, las pruebas químicas practicadas por especialistas revelaron que Facundo no había disparado ningún arma, de hecho, ni siquiera había tocado la que se encontró en el lugar del crimen y que, a todas luces, habría sido plantada por los mismos efectivos que custodiaron la escena. Tras conocerse ese dato, uno esperaría un pedido de disculpas, el apartamiento de la cúpula de las fuerzas de seguridad y la prisión preventiva de los policías que mataron al niño.

Pero nada de eso ocurrió. De hecho, Maley continuaría en el cargo hasta el 2022, para luego ser nombrado secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior de la Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad; y los policías Mauro Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca siguieron en libertad y ejerciendo funciones en la fuerza. Este último fue detenido 6 meses después del homicidio de Facundo, pero no por el crimen, sino por haberle arrebatado la cartera a una mujer en Lastenia, estando bajo efecto de estupefacientes, al igual que el día que mataron a Ferreira. Un policía ejemplar.

Dos juicios, una anulación y, finalmente, justicia

Tres años después, y gracias a una serie de informes de criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal, el caso llegó a juicio. Lo que los peritos detallaron en esos documentos fue decisivo para arribar a una condena.

Del primero de los informes se desprende que hubo una desproporcionada cantidad de disparos de armas de fuego efectuados por Díaz Cáceres y Montes de Oca con sus armas reglamentarias (pistolas calibre 9 mm marca FM Hi-Power y marca Bersa, respectivamente), y que el proyectil que mató al niño salió del arma de Díaz Cáceres.

Un segundo informe indicó que Facundo recibió impactos de posta de goma provenientes de un solo disparo de escopeta que se realizó entre 10 y 15 metros, y que el disparo que hirió de muerte al menor se produjo a una distancia mayor a 1 metro. Fueron 14 en total los disparos realizados por los policías, mientras que no se pudo probar que Facundo o su amigo J.A, quien conducía la moto en la que viajaban, hayan realizado alguno.

También serían determinantes los informes de toxicología, que revelarían que uno de los efectivos (Montes de Oca) estaba bajo la influencia de drogas aquella noche; y las pericias químicas sobre el cuerpo de Facundo echarían por el suelo la versión del enfrentamiento, pues el niño no tocó ningún arma y mucho menos disparó contra los policías.

Ante la abrumadora carga de la prueba, los jueces Wendy Adela Kassar, María Fernanda Bahler y Emilio Páez de la Torre decidieron condenar a los imputados a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el ejercicio abusivo de la función de miembros de la fuerza de seguridad, en calidad de coautores.

Posteriormente, las defensas de los asesinos apelarían la sentencia, la cual llegaría a instancias de la Corte Suprema de Justicia. El máximo Tribunal, en un fallo polémico que se dio a conocer en febrero de este año, decidió anular la sentencia a prisión perpetua y ordenó la realización de un nuevo juicio, ya que consideró que hubo testimonios que el tribunal no tuvo en cuenta antes de fallar, los cuales podrían aportar a reforzar las posturas de los policías.

Así se llegó al segundo debate oral y público, que concluyó este viernes con la condena, nuevamente, de Díaz Cáceres y Montes de Oca. Pero esta vez la pena imputada no es la misma. El tribunal conformado por los jueces Stella Maris Arce, Alicia Freidenberg y Patricio Prado, decidió condenar a Díaz Cáceres a 20 años de prisión y a su compañero a 15 años, por ser coautores del delito de homicidio simple.

Para la fiscalía y la querella es incomprensible este cambio de caratula, ya que entienden que no existen motivos para reducir la pena fijada originalmente en el primero de los debates. “Hay que tomar en cuenta la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad, la peligrosidad evidenciada, todas las circunstancias objetivas y subjetivas que rodearon el caso y el hecho. Son personas que deberían haber resguardado la seguridad y la vida de los habitantes”, afirmó la fiscal Estela Giffoniello al momento de pedir en sus alegatos la prisión perpetua.

El abogado querellante Carlos Garmendia también adhirió al planteo de la fiscal y aclaró que se trató de un homicidio perpetrado por policías, que dispararon sin ningún motivo y que manipularon la escena para tratar de librarse de la culpa, ante lo cual consideró que corresponde el agravante y la prisión perpetua.

En este marco, afirmó a este medio que esperarán a conocer los argumentos del fallo para luego apelar parcialmente la condena. “Estamos conformes con la sentencia. Me da tranquilidad el hecho de que el tribunal haya condenado nuevamente a estos dos policías. Si bien la condena no era la que esperábamos, hubo una condena. Lo cierto es que los condenan por el delito de homicidio, es decir, el tribunal no entendió que haya habido un exceso de fuerza en legítima defensa. Es decir, no hubo legítima defensa, fue homicidio. Eso nos da tranquilidad, que ya dos tribunales los encontraron culpables”, sostuvo.

Facundo era un pibe de 12 años, nacido en un barrio humilde de la capital. Junto a su amigo J.A se habían escapado de noche de sus casas para ver una picada de motos en el parque 9 de Julio, pero no lograron llegar a su destino. Por motivos que ninguno de sus verdugos supo precisar o pudo probar, se desencadenó una persecución a toda velocidad seguida de una balacera. En total, 14 balas salieron de las pistolas de los policías sin mediar antes ninguna agresión en su contra. Una de esas balas hirió Facundo, que murió unas horas después en el hospital.

A Facundo lo mataron quienes debían velar por su seguridad. Es conveniente recordar eso antes de volver a cuestionar ¿qué hacía en la calle a esa hora?