La Fiscalía efectuó cargos por el delito de intimidación pública y requirió la prisión preventiva por dos meses y la inhibición de bienes, planteos que fueron aceptados por la jueza actuante.

El hecho se produjo el 7 de agosto y se trató de una amenaza telefónica respecto a la existencia de una bomba en ese establecimiento educativo.

Según la investigación, la imputada -madre de alumnos de ese colegio- sería titular de la línea telefónica desde la que se hizo el llamado con la amenaza./Ministerio Público Fiscal