La Sala II de la Cámara Federal de Salta resolvió por mayoría rechazar la impugnación presentada por el diputado nacional Emiliano Estrada, confirmando así el pedido de desafuero en su contra. La decisión fue adoptada con los votos de los jueces Guillermo Elías y Mariana Catalano, mientras que el magistrado Alejandro Castellanos votó en disidencia parcial.

El tribunal consideró que el recurso no cumplía con los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal Federal, al no demostrar un perjuicio concreto e irreparable que justificara su tratamiento. La defensa de Estrada había objetado una resolución del Juzgado Federal N.º 2, que había solicitado el desafuero tras la ausencia del legislador en una audiencia clave para formalizar su imputación.

Según la Cámara, dicha audiencia no implica una restricción de derechos ni afecta garantías constitucionales, sino que constituye una instancia para que el imputado conozca los cargos y ejerza su defensa. La inasistencia, señalaron, puede habilitar el pedido de desafuero para asegurar el avance del proceso judicial.

Con esta resolución, el expediente será remitido a la Cámara de Diputados de la Nación, que deberá decidir si retira o no la inmunidad parlamentaria del legislador, conforme a lo establecido por la Ley 25.320.

El caso Estrada

En mayo pasado, el juez de Garantías Pablo Zerdán condenó a Florencia Arias Bustamante y Alonso Allemand, exasesores del diputado Estrada, por el delito de intimidación pública. Las penas impuestas son de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios, y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Lo cierto es que el diputado Emiliano Estrada, quedó imputado como autor intelectual de las difamaciones que habrían sido destinadas a alterar el orden público.

El hecho había sido denunciado por la jefa de bloque de Innovación Federal, Pamela Calletti, el 6 de febrero pasado en una cuestión de privilegio contra su excompañero de boleta (ambos ingresaron a la Cámara baja en el 2021 por el Frente de Todos). En aquella ocasión, la diputada, quien responde al gobernador salteño Gustavo Sáenz, lo había acusado de ser artífice de una “usina de fake news” y una “fábrica de noticias difamadoras” en contra del Estado provincial.

Los dos condenados admitieron haber usado las redes sociales para viralizar fake news contra políticos, empresarios y periodistas. La causa se había iniciado con una investigación de oficio por parte de la Fiscal de Ciberdelitos del MPF, Sofía Cornejo Solá, luego de que se hicieran virales en internet numerosos videos que difamaban a empresarios, periodistas y políticos, realizados por los ahora condenados por presuntas instrucciones de Estrada.

Los dos condenados se presentaron a todas las audiencias que les notificaron y declararon que el diputado kirchnerista Emiliano Estrada, su exjefe político, fue el “autor intelectual” e “instigador” de las maniobras de difusión de noticias falsas, denominadas en las redes sociales como “fake news”.

Las cuentas, denunciadas por Calletti en el recinto de la Cámara baja, eran, principalmente, de Tik Tok y utilizaban nombres como “La Casta Salteña”, “Casta Salta” y “La Casta de Sáenz”, entre otras, para impulsar las campañas de desprestigio. Si bien los ataques eran contra todo el espectro político salteño, puntualmente vinculaban al gobernador salteño Gustavo Sáenz con hechos de corrupción y narcotráfico.

Aunque se trata de un delito considerado menor en cuanto a su calificación penal, el caso puede sentar un precedente jurídico importante en el contexto actual que vive la política argentina, en donde la difamación y las fake news están al orden del día.

La magnitud y la potencia que permiten las redes sociales transformaron la comunicación política, en muchos casos, para mal. De hecho, el mismo presidente Javier Milei eligió esa arena para dar su batalla cultural, y se vale de todas las armas que esta le permite, replicando en muchas ocasiones fake news que apuntan en contra de sus adversarios políticos.