A pedido de damnificados, abogados y entidades bancarias, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo del riojano Ricardo Guerra (FNyP), emitió dictamen con modificaciones al proyecto que viene con media sanción de Diputados el cual pretende solucionar la situación de alrededor de 100 mil deudores de créditos UVA.

De esta manera, de aprobarse en el recinto en la próxima sesión de la Cámara alta, el proyecto debe volver a Diputados. Senadores del FdT, como la bonaerense Juliana Di Tullio, expresaron disidencias en la redacción de las modificaciones introducidas que serán debatidas en el transcurso de los próximos días. Desde el bloque Unidad Federal, el entrerriano Edgardo Kueider adelantó el acompañamiento, pero también con disidencias.

Por el lado de JxC, solicitaron un tiempo para “analizar” las modificaciones y en el camino al recinto harán los “aportes correspondientes a ese dictamen para darle un paliativo importante a la cantidad de deudores hipotecarios”. “Hay que mirarlo muy bien porque es una modificación importante. Lo serio es que quieren dejar sin efecto el crédito UVA”, señalaron.

Al inicio del encuentro, que tuvo lugar en el Salón Illia, Guerra procedió a leer decreto por el cual se han reemplazado senadores en la comisión para dicha reunión. Así, informó que Antonio José Rodas (Chaco) y Juan Carlos Romero (Salta) reemplazaran a Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y a Julio Cesar Martínez (UCR).

Guerra comunicó que el oficialismo irá con un dictamen que modifica “íntegramente” la media sanción de Diputados. “Consideramos que el sistema de préstamos ajustados por unidad de valor de adquisición o de vivienda es un sistema que ha traído muchos problemas y lo consideramos como una política fracasada”, argumentó e informó que cambiarán “el sistema de ajustes en la premura de encontrar un equilibrio razonable en esta relación contractual entre tomadores de crédito y entidades financieras en las cuales al ser fallos de hechos puntuales que nos dan una base para poder haber trabajado nuestro proyecto de dictamen en la cual había coincidencias en esos criterios, pero el hecho de que hayan sido o estén plasmados en fallos judiciales da una base importante para proponer el dictamen”.

Entre los criterios, planteó la “teoría de la imprevisión” y la “doctrina del esfuerzo compartido”. Respecto del primero, explicó: “Hace 5 años atrás que son las fechas de orígenes de estos créditos que evidentemente nadie podía prever que un gobierno endeude de tal magnitud a nuestro país. Que luego de ello tuviésemos una crisis sanitaria global y humanitaria grave, el mundo reciba las consecuencias de una guerra que se plantea en una zona remota, pero sus efectos fueron globales al ser una zona importante de provisión de energía y alimentos por lo tanto modificó los precios relativos y, luego de ello, en nuestro país tenemos una sequía como hace muchos a los no teníamos, lo que nos hizo perder, en una economía que conceptualmente es una práctica bimonetaria, 20 mil millones de dólares”.

“Todos esos indicadores son generadores de inflación alta. Por nuestra historia no se puede argumentar como imprevisión un proceso inflacionario, pero si es imprevisible cuando esos niveles de inflación son exagerados como lo estamos sufriendo frutos de todos estos hechos”, señaló el riojano.

En tanto, relacionó: “Si tenemos un sistema de créditos ajustables por la inflación como es el sistema UVA, claramente el ajuste que están sufriendo los capitales se hace de manera desmesurada. Sobre ese capital ajustado hay una tasa de interés que, si bien es fija, hay un interés. Si a eso le sumamos que hay una tasa de amortización por el método francés que tiene la característica que la composición de las cuotas al principio es de poco capital y mucho interés, esa mezcla va cambiando al final para llegar con mucho capital y poco interés, la reducción del saldo de deuda, o sea, del capital adeudado no se percibe en absoluto en los primeros años que es la situación que se observa”.

“Se hacen esfuerzos ingentes para pagar una cuota en la cual también ha crecido al ritmo de los ajustes, pero un saldo de capital cada vez mayor. El ajuste que lleva es justamente por la inflación y la reducción por el pago de cuota es mínimo por el sistema de amortización que tiene”, precisó.

Guerra aclaró que “no es un tema simple de resolverlo y encontrar un bendito equilibrio que todos queremos lograrlo, pero tenemos la responsabilidad de buscarlo. Si hoy tenemos un nivel de problema en la medida en que pase el tiempo el problema va a ser superior, incluso para las entidades financieras” y explayó: “Porque si hoy tenemos un porcentual de incobrabilidad del 5% es chico estadísticamente, peor disimula el esfuerzo enorme que se está haciendo para cubrir las deudas porque estamos hablando de las cuotas de las casas. A medida que pasa el tiempo por este sistema de ajuste cada vez esa morosidad va a ser mayor porque va a llegar el momento donde los salarios de las personas tomadoras van a ser difícil que lo puedan sostener”.

Los puntos del dictamen oficialista

Al respecto, Guerra explicó que a través del artículo 1 “estamos proponiendo dejar sin efecto las cláusulas del ajuste UVA para todos los préstamos o todas las relaciones crediticias vigentes y futuras que tengan por destino la adquisición, ampliación o refacción de la vivienda única o cualquier otra adquisición de otro bien”.

También se sustituye el mecanismo de indexación o de ajuste del capital por el Índice de Salario que publica el Instituto de Estadísticas y Censos de la Argentina (INDEC). Además, proponen la realización de nuevos mutuos, es decir, que “estamos proponiendo una novación lisa y llana en la cual el capital debe retrotraerse al 31 de agosto de 2019 sobre el que hay que restarle las porciones de capital que están contenidas en las cuotas que se hayan abonado desde esa fecha hasta la fecha del mutuo nuevo, y a partir de allí se ajusta por el índice de salario con un más de interés del 3,5% nominal anual”.

“El recalculo que deben hacer para la novación las instituciones de entidades financieras debe ser con fecha 1ro de septiembre de 2023”, agregó y explicó que no establecieron que la fecha sea “hasta que entre en vigencia la norma quedaría un bache en la cual se está sabiendo lo que se está propiciando, pero no entra en vigencia porque no tiene fuerza de ley”. “Que se entienda que todos los cálculos para la novación para el nuevo crédito tienen que ser con fecha de 1ro de septiembre de 2023”, reiteró Guerra.

El texto también establece que la relación cuota-ingreso no tiene que absorber más del 30% de los ingresos que declaren el o aquellos nuevos tomadores. “Al ser una novación es un nuevo crédito que puede dar lugar a replanteos de dar nuevos plazos o agregar un codeudor. Lo que estamos proponiendo es un capital inicial, un nuevo sistema de ajuste y una tasa de interés”, precisó.

El titular de la comisión indicó que “se pueden plantear nuevos plazos y, si surge la necesidad de incorporar un codeudor para darle flexibilidad a la novación que se propone”. En suma, señaló que se suspenden los juicios, desalojos por 365 días, por igual periodo los términos procesales en curso.

En tanto, establece como autoridad de aplicación al Banco Central de la República Argentina y se insta a la autoridad de aplicación que, a través de las entidades financieras, se practique un programa de capacitación o difusión en materia financiera para los clientes actuales y futuros poniendo especial énfasis en “los riesgos que se toman ante determinados productos que ofrece el banco. Evitar las publicidades confusas, tiene que ser claro lo que el banco ofrezca y que el cliente esté sabiendo lo que están firmando y los riesgos”, añadió Guerra.

“En los casos en los que la relación cuota-ingreso no alcance en ese 30% las entidades financieras tendrán que poner a disposición sistemas o métodos o nuevas conversaciones para llegar a un acuerdo. Siempre teniendo en cuenta el concepto de defensa al consumidor que está legislado en numerosas leyes”, concluyó.