Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, todas las personas y organizaciones atravesadas por la discapacidad, que se encuentran entre los más vulnerados de la sociedad, no hacen más que ver empeorar su situación. A contramarcha de todo lo que venían reclamando, el gobierno decidió hace unas semanas complicarles más la vida a los prestadores y a las personas con discapacidad y sus familias.
Hace unos días se dio a conocer un proyecto de decreto con el que Milei pretende desregular el nomenclador que establece –desde hace más de 25 años- los mismos aranceles por prestación para todos los financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas para la Habilitación y Rehabilitación. Esto es igual a establecer que rija la mano invisible del mercado y cada quien vele por su propia subsistencia.
“Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”, dice el artículo 2 del proyecto de decreto, fechado el 8 de mayo y firmado por Diego Spagnuolo, director libertario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado de Milei en distintas oportunidades.
Según la especialista en discapacidad, Dra. Teresa Ivankow, la ley N° 24.901 protege de forma integral el acceso a todas las prestaciones de todas las personas con discapacidad. Sancionada en 1997, la norma prevé que las prestaciones que deben cubrir todas las obras sociales y prepagas deben estar reguladas por la ANDIS, quien debe garantizar su efectivo acceso de forma universal y fijar valores únicos que rijan para todas las prestaciones incluidas en un nomenclador básico.
"Lo que ahora proponen es crear un directorio nuevo y que este directorio deje afuera a las pensiones no contributivas y a las obras sociales y prepagas. Es decir, que la regulación de las prestaciones las realizará cada obra social o prepaga en particular, y los nomencladores dependerán de las cápitas que tenga cada una de ellas. Esto va a llevar a que se reduzcan las prestaciones y la calidad", sostuvo.
Y añadió: "La idea del gobierno es que cada uno se regule de forma autónoma y decida cuál es el cupo para las prestaciones. Esto es un gran retroceso, porque no solamente no se le va a pagar al prestador, sino que muchos niños no van contar con las posibilidades de continuar sus terapias. Es reducir derechos de personas con discapacidad pensando en solamente una cuestión económica. Se está retrocediendo 30 años en materia de derechos".
En este sentido, consideró que "van a llover los amparos contra este decreto. Los que tienen competencia para actuar y solicitar un amparo colectivo son las Defensorías del Pueblo. Si se le plantea esto al defensor, debería hacer la presentación en la Justicia Federal".
