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Se acerca el final del juicio contra Alperovich por abuso sexual contra una sobrina

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El ex gobernador tucumano deberá declarar el próximo 3 de junio en la causa donde está siendo juzgado por abuso sexual y el 10 de junio comenarán los alegatos del caso. Piden la detención de tres testigos que intentaron favorecer al acusado.

José Jorge Alperovich, el ex gobernador y ex senador por Tucumán que está siendo juzgado por presuntos ataques sexuales denunciados por una ex colaboradora y sobrina, declarará el 3 de junio. Así lo determinó este jueves el juez Juan Ramos Padilla. La decisión del Tribunal toma relevancia ya que, además de escuchar las palabras del imputado, se pudo determinar que los alegatos del caso comenzarán la semana siguiente; es decir, a partir del 10 de junio.

Además, tras la declaración de los últimos testigos este jueves, la Fiscalía pidió detener a tres personas por "falso testimonio". Se trata de Manuel Frías, que trabajó como mozo para el dirigente; Víctor Hugo Decataldo, empresario de transportes que también tuvo una relación sentimental con Sara, hija del acusado, y David Cayatta, exchofer del exmandatario provincial.

Carolina Cymerman, una de las abogadas querellantes, presentó un escrito indicando que Frías había contactado por WhatsApp a la denunciante la semana anterior al juicio, tras años sin hablar con ella, lo que fue considerado grave. Frías dijo que estaba revisando el chat cuando accidentalmente realizó la llamada.

Decataldo, por su parte, trabajó de manera con la denunciante hasta mayo de 2019, cuando ella decidió renunciar. En su caso, fue convocado para explicar las conversaciones que mantuvo con la joven por Instagram y desalentarla para que no hiciera la denuncia.

"Para ganar su empatía le dije cosas que no eran ciertas. Se rumoreaba la denuncia podía ser por una cuestión política o económica”, reconoció.

El empresario sostuvo que hizo esto por "el amor que le tenía a Sarita", la hija del dirigente tucumano , con quien salía en ese momento, y porque "la familia la estaba pasando muy mal". Sin embargo, fue acusado de no dar a conocer esta explicación durante su declaración testimonial en 2020 y "mentirle en la cara" al juez a cargo del caso, Juan Ramos Padilla.

Cayatta, exchofer y custodio de Alperovich, fue interrogado por la fiscalía porque conocía a la denunciante y había intercambiado mensajes con ella sobre las supuestas situaciones de abuso sexual e incluso tenía un trato afectuoso y confidente. La víctima conservaba esos mensajes pero el testigo los había borrado de su celular.

Como testigo, Cayatta estaba a obligado a responder con la verdad sobre todo lo que supiere y le fuere preguntado, pero el fiscal Abraldes entendió que estaba mintiendo en sus respuestas y lo consideró "testigo reticente".

En los tres casos, el juez Ramos Padilla optó por esperar al final del juicio para resolver si entiende que incumplieron el juramento de hablar con la verdad para beneficiar al acusado y les imputa o no el delito de falso testimonio.

La acusación contra Alperovich

El exfuncionario está acusado por tres casos de abuso sexual --dos de ellos, en grado de tentativa-- y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, sucedidos entre 2017 y 2018 en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán. Quien realizó las denuncias fue su sobrina, que además era su empleada.

El expediente se inició cuando la joven denunció los hechos a fines de 2019, mientras se desempeñaba como asistente de Alperovich en el Senado de la Nación, de donde el tucumano fue apartado tiempo después.

La denunciante indicó que los abusos y ataques se produjeron en Tucumán y en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

Según se supo a lo largo del juicio, allegados a Alperovich llegaron a decirle que “la buscaban como a Paulina Lebbos”, haciendo referencia al crimen de la joven estudiante de Comunicación que fue asesinada en 2006 y que ocurrió durante uno de los mandatos del imputado como gobernador de Tucumán.

La causa

“Quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”, precisó la fiscalía en su requerimiento de elevación a juicio realizado en mayo de 2022.

Explicaron luego que los primeros abusos ocurrieron a mediados de diciembre de 2017 y que persistieron hasta diciembre de 2018. Dentro del dictamen, los fiscales manifestaron la relevancia de evaluar los distintos factores de la causa con perspectiva de género.

En ese sentido, recordaron que la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, define a la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.

Dentro del escrito, explicaron lo que significaba, para este caso en concreto, el estado de cautividad que padecía la víctima y que tenía la particularidad de estar condicionado por la subordinación económica, social, psicológica, legal y política, así como la fuerza física.

Esa cautividad lleva a que la víctima esté en continuo contacto con el agresor y que este se convierta en la persona más poderosa dentro de su vida.

“Los métodos para obtener el control de la víctima consisten en infligir el trauma psicológico de forma sistemática y repetitiva. Son técnicas organizadas de debilitamiento y desconexión. Estos métodos están pensados para causar terror e indefensión y destruir el sentido del yo de la víctima en relación con los demás. El efecto de esta técnica es convencer a la víctima de que el abusador es omnipotente, que resistirse es inútil y que su vida depende de que se gane indulgencia a través de la sumisión absoluta”, precisaron.

Los fiscales sostuvieron además que tanto el informe pericial psicológico como las constancias médicas, las declaraciones de los testigos y las constancias de las conversaciones entre Alperovich y la víctima fortalecieron el relato realizado por la denunciante.

En esa línea, manifestaron: “No estamos en presencia de un único y aislado testimonio, sino que existen numerosas pruebas que han podido recabarse y que permiten afirmar, con la certeza requerida en esta etapa, que los hechos denunciados ocurrieron del modo que hemos expuesto, y que su autor ha sido el aquí imputado José Jorge Alperovich”.